El despido colectivo del Ayuntamiento dejará sin empleo a 274 trabajadores
Entre los afectados hay 231 obreros y subalternos pero sólo 12 cargos de confianza.
El Ayuntamiento de León despedirá a 274 trabajadores de la plantilla de personal laboral en el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 31 de diciembre de este año, según se hace constar en el informe remitido por las concejalías de Personal y Hacienda al Comité de Empresa, con el que comenzará a negociar a partir de hoy las condiciones de cada caso en particular.
El documento realiza una división cualitativa de los despidos, que afectarán a alto personal (12), técnicos (18), administrativos (13), obreros (179) y subalternos (52) y justifica cada caso dependiendo de criterios generales (solamente afecta a personal laboral y nunca a funcionarios), mérito y capacidad (los que hayan demostrado polivalencia para adaptarse a otros puestos tendrán más fácil quedarse), área de actividad (la insuficiente carga de trabajo funcionara como un criterio a tener en cuenta a la hora de designar a los afectados) y posibilidades de recolocación.
El informe justifica la necesidad de adoptar esta decisión por la crisis y realiza un análisis detallado de los motivos que han llevado al Ayuntamiento a la situación en la que se encuentra. «En la práctica el Ayuntamiento de León viene prestando servicios no obligatorios que generan unos compromisos financieros superiores a los ingresos generados, lo que ha provocado un déficit estructural a lo largo de los últimos años».
Deuda insostenible
«La contracción de la economía ha provocado un acusado descenso en la recaudación tributaria que no ha podido ser contrarrestado en igual medida por medio de una reducción del gasto, generándose un déficit persistente que ha llevado el endeudamiento a niveles insostenibles», insiste el análisis.
Se incluye un análisis de la situación presupuestaria y de Tesorería que concluye que «tanto el resultado presupuestario como el remanente de tesorería que figuran en las Cuentas Generales del Ayuntamiento han sido negativos tanto en 2010 como en 2011 y en el caso del remanente de tesorería ya en 2009 presentaba cifras negativas».
Situación crítica
Resulta llamativa una advertencia que se incluye en este apartado del informe: «Las cifras que figuran en las cuentas son susceptibles de ulteriores ajustes que situarían las cifras en niveles mucho más preocupantes. Existen numerosas partidas de las cuentas municipales que, para reflejar la situación real del patrimonio del Ayuntamiento, deberían incluir cantidades que no incluyen. El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2010 debería ser de -124.145.000 euros, mientras que el remanente de tesorería ascendería a -216.553.000 euros. Teniendo en cuenta dichos ajustes y tal y como queda reflejado en el Informe de Intervención 6/2012, la deuda acumulada del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2010 habría ascendido a 432.208.000 euros, cantidad absolutamente inasumible con los recursos disponibles actualmente».
El estudio hace mención a la puesta en marcha de una serie de medidas de ajuste emprendidas por el equipo de gobierno, consistentes en el aumento de ingresos, reducción de gastos y reducción de costes de personal.
Guarda también un apartado para fundamentar jurídicamente los despidos: «Se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes». Dicha situación económica negativa justificaría también la aplicación de modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo y como «las posibilidades de incremento del endeudamiento municipal están agotadas, dado el nivel de deuda del Ayuntamiento (casi 300 millones de euros)», reitera el informe la idoneidad de adoptar la de los despidos entre las medidas de ajuste necesarias.
El estudio suma también un plan de recolocación externa elaborado por el Instituto Leonés de Formación y Empleo (Ildefe) que en realidad no hace sino dar cumplimiento a la obligación legal: ««La empresa que lleve a cabo un despido colectivo que afecte a más de cincuenta trabajadores deberá ofrecer a los trabajadores afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas», dice el Estatuto de los Trabajadores.