Los empleados quieren hablar con los políticos
El 15-M entra en las estructuras del Estado a través de una plataforma de trabajadores de la administración que se moviliza en asambleas en contra de los recortes.

Milagros Gómez, ALfonso Roldán y Quinidio Martínez, tres activistas de la plataforma.
La consejera de Economía, Pilar del Olmo, tiene sobre su mesa 9.000 firmas de trabajadores del sector público en las que se denuncia la excesiva politización de la administración autonómica, la proliferación de un sector público paralelo y los derroches de los responsables políticos de la Junta de Castilla y León y de las Cortes. Los trabajadores públicos rechazan los recortes en el sector, reivindican el trabajo de los funcionarios e instan al ahorro reduciendo a la mitad la estructura de cargos. Han tomado las riendas de la defensa del sector público, ajenos a las directrices sindicales, para emprender una cruzada que frene el desmantelamiento del sistema público. Herederos de la filosofía del 15-M, los empleados de León se reúnen en asambleas para tomar decisiones conjuntas y han habilitado una plataforma en la Comunidad (pladepu.blogspot.com) que sirve como herramienta de coordinación «y decir lo que funciona mal. Explicar a la sociedad que los servicios públicos son la garantía de los derechos ciudadanos», explica uno de los impulsores del movimiento en León, Quinidio Martínez, impulsor de esta iniciativa. «Es hora de dar la voz a los trabajadore» Se visten de negro y se concentran todos los viernes para protestar por los recortes anunciados por el Ejecutivo, que afectan directamente a los funcionarios.
En otoño, más
La consejera ha contestado a este movimiento a través de una carta en la que comparte que «unos empleados públicos responsables y comprometidos son insustituibles» y se remite a los 500 «actuaciones de mejora» puestas en marcha por la Junta. Menos suerte han tenido con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que declina reunirse con el colectivo y se remite a las declaraciones de la consejera.
Esta cruzada pública tendrán sus máxima explosión en otoño, cuando los trabajadores de la administración general, educación y sanidad unan sus fuerzas «para evitar que al calor de la crisis se deterioren los servicios públicos y se privaticen».