Unos 2.000 manifestantes exigen que no se sacrifique más a los trabajadores

Alrededor de 2.000 personas tomaron a mediodía de ayer las calles del centro de León para levantar la voz una vez más contra la política de recortes que llevan a cabo las administraciones, y para exigir que no se cargue más el peso de la crisis sobre los trabajadores. Organizada por la Plataforma de Empleodos Públicos y Asociaciones Profesionales de León, que integra a 16 organizaciones, la marcha transcurrió entre la Plaza de Guzmán y la Plaza de La Inmaculada, donde se leyó un manifiesto.

Como portavoz de esta plataforma el secretario provincial del CSIF, Hipólito Riesco, lamentó que «los empleados públicos y la clase media sean por paganos de una crisis que no han provocado»; y advirtió contra un recorte de los servicios públicos que acabará afectando a servicios fundamentales para la sociedad.

Desde la plataforma alertan sobre los recortes producidos en materias tan sensibles como la sanidad y la educación, así como en las ayudas de la Ley de Dependencia; y advierten de que «si se mantienen los recortes, en breve en este país sólo podrán acceder a los servicios quienes puedan pagárselos».

Y no serán, en su opinión, los trabajadores públicos, por ejemplo, ya que con medidas como el recorte salarial y la supresión de la paga extra de Navidad sólo va a conseguirse retraer aún más el consumo.

De hecho, desde la plataforma recuerdan que sólo en la provincia de León trabajan actualmente 21.000 empleados públicos, y que la supresión de esta paga extra provocará que en la campaña navideña los negocios tengan que contar con 30 millones de euros menos, que se multiplicarán hasta los 7.000 millones de euros a nivel nacional.

El manifiesto de la plataforma denuncia que la crisis «está siendo gestionada de manera deficiente por los sucesivos responsables políticos»; y aunque comparte la necesidad de controlar el gasto público critica que se lleve a cabo sobre todo en el recorte en el empleo y la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los empleados públicos.

La plataforma defiende que «hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público» que no impliquen los recortes que se llevan a cabo, entre los que señalan la adopción «decidida y urgente» de las medidas necesarias para una verdadera lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, «incluyendo una reforma en profundidad de la Agencia de la Administración Tributaria».

Además proponen modificar «la desproporción entre los tipos efectivos a los que tributan las grandes sociedades y los que gravan a las microempresas y pymes», con un aumento de los impuestos a las grandes empresas y fortunas. También se suman en este punto a un impuesto de transacciones financieras como el previsto por el Parlamento Europeo.

Insisten además en crear en el 2013 un impuesto sobre la riqueza que «supere los defectos y ciere las vías de elusión del actual impuesto sobre el patrimonio»; así como excluir las ganancias patrimoniales «especulativas» del concepto de rentas de ahorro en el IRPF, modificando la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.