«No queremos ir a la huelga, pero a lo mejor hay que echar un pulso»

El decano de los jueces de León, Luis Alberto Gómez, reconoce que los colectivos de Magistrados y Fiscales están haciendo todos los esfuerzos posibles para no verse obligados a convocar una huelga «pero a lo mejor ha llegado el momento de echar un pulso», en referencia al desagrado con el que asumen las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Gómez García, titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de los de León, se expresó en estos términos anoche, en el transcurso de la tertulia El Filandón que organizan DIARIO DE LEÓN y La 8.

«El cambio que pretende introducir el Gobierno puede afectar a la independencia de los jueces. Asumimos y acatamos que nos quiten la paga extra de diciembre, como al resto de funcionarios pero que nos quieran limitar la independencia es grave, porque afecta a los derechos de los ciudadanos y por ahí no podemos pasar».

El decano especificó que respecto a la Ley de Tasas no se han producido novedades significativas pese a que el ministro anunció ayer que los afectados por violencia de género, los menores y los disminuidos podrán acogerse a la justicia gratuita: «Una cosa son las tasas y otra una modificación en la prestación del derecho a disponer de letrados del turno de oficio. Lo que sí está claro es que si el Gobierno no puede dotar de más recursos a la Justicia, porque no tiene presupuesto, habrá que hacer que descienda la litigiosidad y la aplicación de las tasas es una fórmula para disuadir a quienes realmente no necesiten pleitear».

Una fórmula más adecuada para resolver este mismo problema sería dotar a los jueces de la facultad de decidir «quién está acudiendo a la justicia de forma temeraria, sabiendo que recurre por recurrir y quién lo hace de buena fe. Para los primeros, se podrían aplicar gravámenes especiales que harían que se lo pensaran dos veces la siguiente vez. La Justicia no puede escapar a la crisis y hay que abaratar los costes de los servicios que se prestan».

Las últimas protestas de los jueces vienen dadas «más que por las tasas, por un decálogo de asuntos que queremos que el Gobierno tome en consideración, como la independencia en la elección de los órganos de gobierno de los jueces o la independencia presupuestaria, que consideramos que son cruciales para el buen funcionamiento de la Justicia».

«España tiene una tasa de 10.3 jueces por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 19,8. Eso nos sitúa en el puesto 40 de Europa, que no es realmente el que nos corresponde».

Humanizarse

Respecto a la reciente recomendación a los Magistrados de León de tratar de humanizar al máximo posible la interpretación de la legislación en materia de desahucios «siempre respetando el principio de independencia de cada juez», Gómez critica la situación: «La Ley Hipotecaria concede privilegios que no tienen comparación con otro tipo de acreedores. Hay que distinguir entre quien no paga porque no puede y quien pide un crédito sabiendo que no va a poder hacer frente. No es normal que por un solo impago se pueda perder una vivienda y que luego el banco se la quede a un precio muy inferior respecto al valor real que tiene. Es cierto que los ciudadanos hemos sido un poco culpables en esta materia, pero los bancos también han concedido préstamos de forma muy alegre».

Más críticas: «El conflicto social va más allá de lo judicial. El ciudadano está cabreado porque ve que si no paga se queda sin su casa, pero luego hay ayudas millonarias para las entidades bancarias. Además, el Real Decreto que modificaba las medidas de condicionamiento no llegan a la mayoría de la gente. Hay quien está pagando la crisis y quien la ha provocado y se va de rositas y a lo mejor ahí sí hay un defecto del sistema judicial».

Estancamiento

Respecto a la situación de la Nueva Oficina Judicial resultó bastante explícito: «Como le he dicho el otro día a un responsable del ministerio, nos hemos estancado. Es un asunto que hay que tratar con prudencia porque cada uno lo ve desde una óptica. Quizá el diseño de las plantillas no fue el más adecuado, pero las peticiones de personal ahora mismo, aunque son razonables en cierta medida son impensables desde el punto de vista económico».

El problema, desde el punto de vista del decano de los jueces de la capital, radica en que «el diseño lo hizo el anterior Gobierno con muchos recursos económicos y el nuevo gobierno, además de que no está del todo de acuerdo con esos criterios, no tiene dinero para completarlo. No se quiere invertir en un proyecto que se piensa que debe transcurrir por otros derroteros».

Para Luis Alberto Gómez hay tres patas fundamentales sobre las que descansa la NOJ: «El diseño, al Expediente Digital y los Tribunales de Instancia. De estas tres partes solamente tenemos hecha una, la primera y una mesa a la que le faltan dos patas se sostiene muy mal. En este caso, hace equilibrios gracias al esfuerzo inmenso de los funcionarios, los secretarios judiciales y los profesionales. Los funcionarios se volcaron y ven que el sobreesfuerzo que aplicaron no está sirviendo de nada y que ya no nos hacen caso. Por lo que tenemos entendido, el nuevo Gobierno está preparando un nuevo diseño con más lógica.