Jueces y fiscales protestan en los juzgados por la reforma de la ley
«No nos quejamos porque nos hayan suprimido la paga extra».
Un momento de la protesta que se celebró ayer en los juzgados de la capital.
La Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, emitió ayer un comunicado en el que exige «la retirada inmediata del Proyecto de Ley de reforma de la LOPJ, que perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica».
El texto, que en León fue leido por Carlos Javier Álvarez Fernández, Magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y ex presidente de la Audiencia de Palencia, exige «que el CGPJ mantenga su actual estructura y competencias, potenciando el Consejo Fiscal». También interesa la autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado «para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal».
Magistrados, jueces, secretarios judiciales, fiscales, letrados, procuradores y graduados sociales de la capital se unieron a la propuesta en masa y exigieron «el aumento de la planta con Jueces y Fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea, una justicia profesional dotada de los medios humanos y materiales necesarios, la determinación definitiva de la carga de trabajo compatible con una justicia de calidad, la adopción de medidas para paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los Juzgados y las Fiscalías así como unas tasas judiciales que no limiten el acceso de los ciudadanos a la Justicia».
Según el comunicado, con las propuestas se pretende «hacer un nuevo llamamiento a todos los responsables políticos, recordando que la justicia no puede ser vista como un problema, sino como elemento esencial de la solución. Mostramos nuestra disposición, por nuestro conocimiento cualificado, a aportar mejoras en la legislación de Justicia para obtener una Justicia centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, una Justicia ágil que al favorecer la seguridad jurídica ayude a la reactivación económica».
Fernando Javier Muñiz Tejerina, titular de Instrucción 1, aclaró que la protesta, seguida de forma mayoritaria a la entrada del edificio de los Juzgados de León, se dirige «no contra la supresión de la paga extra, sino contra la eliminación de la tutela judicial efectiva, que se pone en peligro con estos recortes».
Mónica Alonso, representante del Ministerio Fiscal, hizo patente su indignación «a título personal» por los ataques sufridos «cuando este ministro dice que tenemos una pataleta de niños pequeños, cuando nuestra capacidad económica ya ha sido reducida cambiándonos la consideración».
Las trabajadoras del Registro Civil también hicieron patente su protesta y oposición a las intenciones de privatizar el servicio: «Van a darle dinero a una empresa privada, cuando es un servicio público que hay que respetar».