La supresión de los conciertos sanitarios paraliza 5.000 operaciones
Siete clínicas privadas de León ven en peligro los mil empleos directos.
La clínica López Otazu, la más antigua de León.
La eliminación de la Consejería de Sanidad de los conciertos sanitarios con las clínicas privadas supone la paralización de 5.000 intervenciones quirúrgicas al año en León, las que hasta ahora realizaban entre los siete centros de la provincia y que se dejan de realizar tras el contrato único con el Hospital San Juan de Dios, que sólo cubre una quinta parte de los pacientes en lista de espera. Los gerentes de las siete clínicas de León agrupadas en una asociación temen por el aumento de las listas de espera y el mantenimiento de los mil puestos de trabajo directo que dependen de un sector que, según explicaron ayer sus responsables en rueda de prensa, «ha conseguido hasta ahora mantener su nivel de empleo y actividad y en estos años ha realizado un importante esfuerzo inversor para modernizar sus instalaciones», que ofrecen 700 camas en la provincia «y sobre todo, en dotaciones tecnológicas para ofrecer una atención médica de calidad. Todo ello sin recibir ninguna ayuda o subvención pública».
La decisión de las autoridades sanitarias de eliminar los conciertos hace peligrar no sólo el empleo sino el sostenimiento de la asistencia de algunas clínicas, que en los últimos meses no reciben pacientes procedentes de la sanidad pública. Los gerentes del Hospital la Reina, clínica Ponferrada, Altollano, La Regla, San Francisco y López Otazu calculan que en los últimos meses la asistencia concertada ha caído un 50% en dos años, un 35% las intervenciones quirúrgicas y una disminución de precios. «La confluencia de estos dos factores en la contratación pública más la caída normal de la actividad del resto de las actividades vinculadas (compañías de seguros, mutuas, privados...) nos ha llevado a las empresas asociadas a una difícil situación».
Amenaza
«La continuidad de la mayor parte de las clínicas privadas de León se va a ver seriamente amenazada, lo mismo que los puestos de trabajo que mantienen», aseguran los gerentes. «No se trata en ningún caso de privatizar la sanidad, sino de mantener una colaboración público privada para el sostenimiento eficiente de nuestra sanidad, sin que los pacientes tengan que soportar ningún coste añadido, manteniendo los mismos derechos y donde Sacyl audita y supervisa las clínicas privadas».