Los sindicatos advierten: «Si la calle está agitada es un peligro para el Gobierno»

Más de 3.000 personas salen en León en protesta por las políticas de austeridad.

Cabecera de la manifestación por la avenida Roma, al entrar en la Plaza de la Inmaculada.

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carmen Tapia | león
León

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«Si la calle está agitada es un peligro para los políticos y los gobernantes, por muy tiranos que sean, tienen que reflexionar y frenar esta escalada de legislación contra el ciudadano». El secretario provincial de UGT, Arturo Fernández, alentó a la ciudadanía a seguir protestando en contra de las reformas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, «que no han servido para solucionar el problema de la sociedad».

La convocatoria de la Cumbre Social de León sacó a la calle a más de 3.000 personas, pese a la lluvia y el viento que acompañó a la comitiva durante el trayecto. «La sociedad se está concienciando de que es una injusticia y mucho más si al mismo tiempo estamos asistiendo a los casos de corrupción que sabemos que hay porque habrá otros muchos más que no sabemos».

El secretario provincial de CC.OO. Ignacio Fernández, defendió que en León «hay 50.000 razones» para salir a la calle, en referencia a los 50.000 parados de la provincia. Fernández criticó el escaso presupuesto que acaba de aprobar la Unión Europea para políticas de empleo en España, con 900 millones en siete años, es decir, 130 millones cada año «que es la cuarta parte del presupuesto de Real Madrid. Para que nos hagamos una idea de cuál es la prioridad que existe».

En el manifiesto leído tras la manifestación contra el paro y por la regeneración de la democracia, los convocantes reprueban las actuaciones de una Comisión Europea «enrocada en políticas fracasadas, centradas exclusivamente en la reducción del déficit público y la deuda»; exigen que se devuelva a la política su condición de herramienta al servicio de las personas; rechazan la complicidad entre cargos públicos y empresas; denuncian las consecuencias de la crisis contra la violencia de género y rechazan el desmantelamiento de los servicios públicos.

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