SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
UPL pide la dimisión de Gancedo y de los que fueron sus concejales
Arias dice que el fallo del TSJ los «deslegitima» para su función.
Juan Manuel Arias y Rosa Fernández, concejales de UPL.
Los dos concejales de la Unión del Pueblo Leonés en San Andrés del Rabanedo, Juan Manuel Arias Alcoba y Rosa Fernández Velilla, han pedido que dimita la exalcaldesa y actual portavoz del PSOE, María Eugenia Gancedo, así como los concejales que aún hoy la acompañan y que formaron parte de su equipo de gobierno cuando se aprobó el presupuesto que ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Una sentencia en la que el Alto Tribunal observa indicios de criminalidad en la gestión de la anterior regidora.
Para la UPL es sorprendente que desde que se conociera el fallo judicial no se haya producido «ningún cambio plausible de los autores de este hecho» y por eso demandan que «por dignidad política» renuncien o abandonen el sillón que ocupan en el Salón de Plenos. El portavoz leonesista no dudó en afirmar que San Andrés «necesita soltar lastre para salir adelante» y consideró que «rectificar es de sabios».
A juicio de Arias, «la permanencia de los responsables de tales excesos es una rémora para el normal funcionamiento de la actividad municipal». Principalmente, resaltó el edil de UPL, porque están «deslegitimados» para tomar cualquier posicionamiento coherente, dada la gravedad de los hechos sentenciados. Una sentencia que viene a corroborar «el desgobierno y descontrol económico» denunciado por UPL en numerosas ocasiones, según recordó el portavoz de este grupo político que pidió «cordura y responsabilidad en la gestión política». Una resolución judicial que, tal y como aseveró Juan Manuel Arias, pone de manifiesto «la incapacidad manifiesta de los responsables del gobierno municipal para rectificar, corregir y enderezar sus líneas de actuación económica que han llevado a nuestro municipio al caos económico». Además, el concejal de UPL quiso destacar que si bien es grave la nulidad del presupuesto no lo es menos las consecuencias que se derivan de ella. «Y más aún el cúmulo de desmanes y excesos que se recogen en la sentencia, poniendo a este municipio en el punto de mira de la ilegalidad reiterada», matizó Arias. Un panorama política que «deriva en una crisis de credibilidad dudosa para los que ejercemos la digna labor política».