Diario de León

Un juez obliga al Popular a devolver 200.000 euros a un cliente

Miguel Ángel Zamora
León

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El juzgado de Primera Instancia número 9 de los de León estimó el pasado día 4 de junio la demanda interpuesta por la representación procesal de un vecino de León contra el Banco Popular popr la que exigía que se declarase la nulidad de los contratos de bonos suscritos por el afectado, que invirtió 200.000 euros en una operación de alto riesgo sin que se le informara y que perdió 170.000.

El fallo, al que tuvo acceso este periódico, declara probado que las cualidades de los bonos «son complejas y de alto riesgo», a pesar de que la defensa de la demandada sostiene lo contrario. También recalca que para contratar este servicio se considera adecuada la realización de un test de idoneidad que no se llevó a cabo.

Una víctima de 73 años

La víctima es una persona de 73 años, a la que solamente se explicó, siempre según el texto del fallo, que se trataba de un producto de riesgo importante. Solamente se le dijo que el interés que se ofrecía era muy superior al de otros productos de mercado similares.

«Así, obvio es, que existe error esencial en el actor sobre el contrato que creía que concertaba, no entendiendo ni comprendiendo el real contrato pactado, con las características y riesgos que conllevaba y, por consecuencia, de todo lo argumentado precedentemente, se llega a la conclusión, que el consentimiento del actor, consumidor, a los efectos de la legislación tuitiva del mismo, se hallaba viciado al concertar el contrato de suscripción de valores y de depósito y administración de los mismos, hasta tal punto, que de no haberlo estado, no habrían firmado tales contratos, lo que conlleva, la nulidad de los mismos», señala el Magistrado en su sentencia.

Cabe recurso

El texto no declara firme la sentencia y subraya la posibilidad de recurrir ante la Audiencia Provincial de León en un plazo de veinte días. Obliga a devolver el dinero al demandante añadiendo los intereses legales correspondientes y también impone las costas procesales a la parte demandada.

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