Los funcionarios de Diputación exigen cobrar parte de la extra de Navidad
Advierten de que presentarán demanda colectiva si Isabel Carrasco no les paga .
Imagen de una de las dependencias de la Diputación.
Los trabajadores de la Diputación han decidido plantar batalla para que la institución les pague la parte proporcional devengada de la extra de Navidad que el pasado año no cobraron, en una decisión determinada por el Gobierno dentro de un paquete de medidas ante la urgente necesidad de reducir el déficit. La pionera sentencia de Palencia, conocida hace unos días, obliga a la Diputación de esa provincia a abonar este concepto a una funcionaria que había presentado un recurso.
Un fallo que ha abierto el camino en todo el país para los funcionarios públicos. Los representantes sindicales de los funcionarios están convocados a una reunión urgente el próximo jueves en la Junta de Personal, en la que formalizarán su reclamación a la Diputación para que pague esta parte proporcional de la paga extra de 2012.
Así lo adelantó ayer el presidente de este órgano, Amadeo García, quien ya avanzó que de no contar con la respuesta positiva del equipo de gobierno para esta petición, plantearán una demanda colectiva de todos los trabajadores por la vía contenciosa-administrativa.
600 euros por cabeza
Explicó que las extras se devenga, en el caso de los funcionarios, del 30 de noviembre hasta el 31 de mayo y del 1 de junio al 30 de noviembre, por lo tanto reclaman un mes y catorce días de la parte proporcional de esa paga que no percibieron la Navidad pasada. Una media de alrededor de 600 euros por persona, lo que supondría para la Diputación, de prosperar la demanda, tener que desembolsar en su conjunto (con un millar de funcionarios) una cantidad de 600.000 euros, aproximadamente.
Por lo que se refiere a los laborales, algo más de 170, reclamarán un mes, ya que sus extras se devengan en otras franjas del calendario. En este caso no sobrepasará los 150 euros por cabeza. «Damos este paso alentados por la sentencia de Palencia que dio la razón a esta funcionaria (secretaria autonómica del área de Diputaciones del Csif).
Se trata de la primera vez que un juez da la razón a una empleada pública». Resaltó que la sentencia no admite recurso y obligó a la Diputación de la provincia vecina a pagar las costas a la funcionaria demandante.