León exige negociar las condiciones concretas del rescate con Hacienda

El Ayuntamiento se agarra a la promesa recibida del Ministerio de Hacienda en la reunión mantenida por el alcalde en abril, más allá del real decreto-ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de ayuda a las entidades locales con problemas financieros. La fuerza que intentará hacer valer para «negociar medidas ad hoc de las que se habla» y «buscar cuáles son las peculiaridades y las condiciones que tiene que cada ayuntamiento para ajustarlas a la medida, para hacer un traje a medida». «Nosotros vamos a intentar que el traje se corresponda con nuestra talla», avanzó el portavoz del equipo de gobierno del PP, José María López Benito, después de que el miércoles el alcalde criticara las condiciones exigidas por el Gobierno para poder acogerse al plan y mostrara sus dudas sobre la conveniencia para el consistorio.

El encaje mencionado por López Benito empieza por poder eludir la obligación de que, en tres años, el Ayuntamiento tenga que cubrir con tasas y precios públicos el coste de los servicios, tanto propios como impropios. Una condición que implicaría «una subida brutal para los ciudadanos» en prestaciones como «los autobuses, la residencia, las guarderías, las escuelas deportivas, de música, el auditorio o el coto».

No será la única salvedad que buscará el Ayuntamiento, como reseñó el portavoz del PP, quien citó también la obligación «injusta» de que para poder acogerse «se tenga que reducir el 5% el capítulo de personal». «Pero es que nosotros ya lo hicimos hace un año. ¿Se va a beneficiar quien no lo haya hecho hasta ahora?», lanzó López Benito, quien insistió en que el consistorio «está haciendo los deberes». «Lo que pedimos es que se evalúe cómo estaba el Ayuntamiento, cómo está ahora y las medidas que hemos tomado», recalcó.

Estas medidas, que hicieron que se redujeran en 50 millones el capítulo de gastos, son las que se pusieron sobre la mesa en la reunión con Hacienda. Unas medidas con las que arrancaron el compromiso del ministerio de que podrían alargar la devolución de los 165,8 millones del ICO a 20 años, financiarse al precio del Tesoro Público para bajar al menos al 4,3% y no al 5,4% actual, y extender el periodo de carencia hasta el 2016. Tres bases que no aparecen recogidas en el real decreto-ley, dentro del cual también se busca «encaje» para poder financiar los 60 millones de deuda fuera de presupuesto y los 14,7 del Palacio de Congresos. Dos operaciones para las que, de acuerdo a la nueva norma, no habría aval del ICO, sino que se deberían buscarlas en el mercado abierto. «Es otra de las cosas que deberían plantearse de otra manera», concedió López Benito, quien confió en el fruto de «la negociación» directa con Hacienda.