El Consejo Consultivo constata un alza de las reclamaciones sanitarias
. Amilivia descarta que el aumento de quejas tenga «relación directa» con la crisis económica.
El Consejo Consultivo de Castilla y León ha constatado en los últimos años un incremento en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria aunque su presidente, Mario Amilivia, no establece una «relación directa» entre este aumento y la crisis económica. Apuntó a la sensibilidad pública en torno a la prestación de los servicios públicos esenciales.
Del total de dictámenes que este órgano emitió a lo largo de 2013, «entre el 23 y el 24 por ciento» responden a reclamaciones de carácter sanitario de ciudadanos que consideran no haber recibido un tratamiento adecuado.
Asimismo, de los 47 millones de euros a los que ascienden las reclamaciones de responsabilidad patrimonial depuradas este año, 20 millones de euros están relacionados con la sanidad. Lo más común son quejas por errores de diagnóstico o por la llamada pérdida de oportunidad.
Amilivia matizó que estos datos no significan que la atención sanitaria sea «deficiente» y que en una comunidad como Castilla y León singularidades como la dispersión y el envejecimiento de la población suponen una dificultad añadida.
«Aún así, los análisis externos la ven como la primera o segunda mejor de España», precisó.
El Consejo Consultivo se reunió ayer en Arévalo (Ávila) para resolver 32 dictámenes, en una jornada que da continuidad a la ronda de reuniones por los ayuntamientos de 5.000 habitantes.
En este marco, su presidente valoró las nuevas competencias que otorga al órgano la ley que modifica la organización y funcionamiento de las instituciones propias de Castilla y León.
En tal sentido, destacó la posibilidad de que los ayuntamientos puedan solicitar dictámenes directamente, sin la mediación de la Junta de Castilla y León, algo que a su juicio permitirá una mayor «agilidad» y reforzará la «autonomía local». También expresó su satisfacción por la obligatoriedad de que toda modificación de un plan de ordenación urbana que afecte a zonas verdes o espacios públicos protegidos cuente con un dictamen preceptivo del Consejo.