El TSJ anula dos despidos del albergue por no respetar el principio de igualdad
La Sala de lo Social dice que el Ayuntamiento actuó sin un criterio claro de elección.

Vista exterior de la sede municipal de Ordoño II, en una foto de archivo.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha estimado el recurso de dos trabajadoras del albergue municipal y ha declarado nulos sus despidos, en contra de lo que ha sido hasta ahora el criterio general en los juzgados de León, donde el Ayuntamiento ha ganado 48 de 51 casos presentados por los afectados.
En la sentencia, firmada el pasado miércoles 17 de julio, el TSJ revoca el fallo anterior en ambos casos y condena al Ayuntamiento de León «a su inmediata readmisión, con abono de los salarios dejados de percibir».
La sentencia basa su argumentación en que el Ayuntamiento de León no tuvo unos criterios estrictos sobre los trabajadores afectados en el acuerdo firmado con los sindicatos el 25 de mayo de 2012, ni incluyó la reducción de la plantilla como una circunstancia sobrevenida en el Plan de Ajuste aprobado dos meses antes, el 30 de marzo.
Así el fallo, al que ha tenido acceso este periódico, explica que «la entidad empleadora no entregó a la representación de los trabajadores al principio del periodo de consultas ni la lista nominativa de los trabajadores afectados ni los criterios de selección de los mismos, como sería exigible, sino un conjunto de criterios no jerarquizados y genéricos que impedían conocer, mediante su aplicación, qué trabajadores habrían de verse afectados». A la vista de los datos aportados, el TSJ considera que fueron criterios genéricos, «que no permiten definir, por aplicación de los mismos, qué trabajadores son los afectados».
En ese sentido, la Sala admite el recurso presentado por los abogados Máximo Barrientos y Lara Toral al considerar que, en el caso del Ayuntamiento, no se puede aplicar el criterio de libre elección de los trabajadores, como en una empresa, ya que las administraciones públicas están sujetas «a un estricto deber de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad en sus actuaciones e incluso, cuando se trata de empleo público, a una obligación estricta de atenerse a criterios basados en el mérito y la capacidad». Y cita la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1991 que dice que la Administración Pública, en sus relaciones jurídicas, «no se rige, precisamente, por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que debe actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, con una interdicción expresa de arbitrariedad» y, «como sujeto público que es, está sujeta la principio de igualdad ante la Ley que… constitucionalmente concede a las personas el derecho subjetivo de alcanzar de los poderes públicos un trato idéntico para supuestos iguales».
En ambos casos, la sentencia debería ser de despido improcedente, pero al anularse el propio expediente de regulación de empleo se declara nulo, «al incurrir en causa de nulidad del despido colectivo, según lo visto, y primar aquella declaración», explica el TSJ.