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Gexín anuncia un ERE temporal para 17 empleados de las piscinas municipales
Si San Andrés no paga la deuda de 350.000 euros suspenderá el servicio en un mes.
La empresa Gexín, concesionaria del mantenimiento de las piscinas de San Andrés y Trobajo así como del Centro de Deporte y Ocio, ha anunciado que presentará un ERE temporal para 17 personas, todas ellas con contrato indefinido, ante la «situación insoportable» que atraviesa, según sus responsables, después de que el Ayuntamiento de San Andrés no haya abonado las cuotas establecidas en el contrato en lo que va de año. La aportación municipal ronda los 400.000 euros anuales, a una media de 35.000 euros al mes.
Un ERE que formalizará en los próximo días si antes no hay acuerdo con el Ayuntamiento, consecuencia de la suspensión del servicio que ya ha anunciado a partir del próximo 8 de septiembre. Desde esta empresa se asegura que los impagos del Consistorio «nos abocan al precipicio», algo a lo que tampoco ha ayudado el descenso de ingresos que se ha registrado con la crisis. De hecho, durante los últimos doce meses, el déficit que han tenido estas instalaciones ha sido de 418.000 euros. «Si no nos pagan no podemos continuar», afirman al tiempo que denuncian que el Ayuntamiento «ha incumplido el contrato en muchos puntos y, a pesar de ello, hemos dado muchas facilidades para poder seguir adelante pero los trabajadores tienen que cobrar y ahora las estamos pasando canutas».
Respecto a que cobrarán la deuda a través del ICO, unos 350.000 euros, los responsables de la compañía explicaron que no tienen constancia de que estén incluidos, tal y como afirma el Ayuntamiento, «porque así lo hemos podido comprobar en el listado publicado en el Ministerio de Hacienda y ahí no estamos». Según pudo confirmar ayer este periódico, las facturas de la empresa están aprobadas en Junta de Gobierno y ahora es la compañía la que debe solicitar el certificado para acogerse al Plan de Pago a Proveedores.
«Ya no estamos dispuestos a ceder más ni a volver a avalar con nuestros bienes la empresa porque el Ayuntamiento no quiera pagarnos», indicaron. Respecto a quienes dejan entrever que en Gexín existe opacidad, los directivos dejan claro que cada mes envían un informe al Ayuntamiento con toda su actividad.
Gexín ha notado el descenso de ingresos no tanto en la afluencia de público a las piscinas de verano sino al Centro de Ocio y Deporte que en los años de bonanza llegó a alcanzar los 1.550 socios y ahora tiene 900. Unas instalaciones que construyó Gexín en el 2007 tras una inversión de 1,8 millones de euros. La plantilla actual es de 43 trabajadores, de los que 17 tienen contrato indefinido que se verán afectados por el ERE. El resto son temporales y verán rescindidos sus contratos si no hay acuerdo. «Estamos abiertos a buscar soluciones para evitar medidas drásticas», resaltaron desde la compañía.
«No tolero amenazas»
El 31 de octubre del 2005, el Ayuntamiento de San Andrés y Gexín firmaron el contrato de explotación de las piscinas municipales por un plazo de quince años durante los cuales las arcas municipales deberían abonar alrededor de 400.000 euros cada año. Un contrato que, según el alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, «no puede seguir ni un día más en las mismas condiciones». Sobre el ERE dejó claro que, de llevarse a efecto, supondría «un incumplimiento claro del contrato que tendría graves consecuencias». A este respecto mostró su rechazo a la actitud de la empresa. «Estamos intentando hacer las cosas lo mejor que podemos y de buenas maneras pero no voy a tolerar ni una amenaza más», precisó al tiempo que matizó que el Ayuntamiento no tiene constancia del ERE aunque la empresa sí notificó hace unos días la suspensión del servicio si no se le abonan las cantidades adeudadas. «Algo que tampoco puede hacer según el contrato», añadió Chamorro que recordó que no es la primera vez que la empresa amenaza «con estas formas».
El regidor anunció que en septiembre habrá una solución definitiva a este contrato. «O lo rescindimos o lo modificamos», indicó Chamorro. Para ello, explicó que se reunirá con todos los grupos de la oposición para intentar llegar a una solución consensuada «porque es un contrato que no podemos asumir con el Plan de Ajuste en el que ellos explotan un servicio que no sólo no nos reporta nada sino que tendríamos que pagar durante los próximos nueve años». Para el regidor se trata de un gasto «superfluo» del que se puede prescindir.