Pesadilla en Sierra Leona
Dos transportistas leoneses se encuentran ‘atrapados’ en el país africano tras un fallido contrato de trabajo.
Antonio Valenzuela.
Freetown es la capital y la ciudad más grande de Sierra Leona. Importante núcleo portuario en el océano Atlántico, es el principal centro económico, financiero, cultural y político del país. Su población supera los 850.000 habitantes y, paradójicamente, ya que su nombre significa Ciudad libre en castellano, se ha convertido en una cárcel para dos leoneses, que forman parte de un grupo de transportistas españoles, que se sienten estafados por una oferta de empleo que solo les ha reportado complicaciones, disgustos y problemas de salud. Llevan desde enero fuera de sus hogares y hacen un llamamiento a instituciones, políticos, entidades o particulares que puedan echarles una mano para recuperar sus vehículos y sus pasaportes, que entregaron para formalizar el papeleo necesario para trabajar y residir allí.
«La desesperación es máxima porque llevan nueve meses y no han cobrado nada. Las familias les mandamos lo que podemos… Tienen la moral por los suelos y nos dicen que allí sobra trabajo; el problema es la gente con la que toparon». Así lo cuenta María Sánchez, concejala del municipio leonés de Vegaquemada y nuera de Ramiro González Díez, de 52 años, vecino de Boñar y padre de cinco hijos, el más pequeño de tan solo tres años y medio. Antonio Valenzuela Sánchez es el otro leonés, que junto a un asturiano y tres valencianos aseguran estar viviendo una pesadilla en este país africano.
Su historia comenzó con una oferta de trabajo hecha por una empresa valenciana, Aznar Quarring Logistic, que supuestamente tenía un convenio con otra de Sierra Leona. Ellos viajaron al país africano y enviaron sus vehículos desde el puerto de Valencia para trabajar en la explotación de una cantera. El dudoso papel de los intermediarios, los conflictos entre las compañías para las que iban a trabajar les dejaron en una compleja situación.
En marzo comenzaron a trabajar —tras promesas incumplidas de la creación de una sociedad para ellos— en una compañía sin contrato y sin conocer las condiciones. «Todo debido a nuestra desesperación, por las ganas de salir hacia delante y poder generar dinero para paliar nuestra precaria situación y la de nuestras familias en España». Trabajaron algo más de dos meses y una orden judicial por una denuncia interpuesta por la empresa española paralizó los vehículos y las cantidades a cobrar.
«Llevamos casi tres meses intentando recuperar la propiedad de nuestros camiones, de los cuales de los cuales se han apropiado y no están dispuestos a devolver. Estamos luchando también por recuperar nuestros pasaportes, ya que no se sabe exactamente donde están y quien los tiene», resumen desde la pensión en la que residen.