Los trabajadores de Tragsa anuncian movilizaciones si no se retira el ERE
El expediente planteado por la empresa afecta a 63 trabajadores en la provincia.
Los trabajadores de Tragsa reparten camisetas de protesta en la asamblea de ayer.
Alrededor de 900 trabajadores de la sociedad pública Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), de los aproximadamente 1.200 con los que el grupo cuenta en Castilla y León, celebraron ayer en Valladolid una asamblea en la que anunciaron movilizaciones si la compañía insiste en llevar a cabo el expediente de extinción de empleo anunciado. Un expediente que en la provincia afectaría, según las listas presentadas por el grupo, a 59 trabajadores de Tragsa y la planta de prefabricados de hormigón en Mansilla de las Mulas y a cuatro de los ocho miembros de la plantilla de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec).
El ERE de extinción supone el despido de 210 trabajadores en el conjunto de la Comunidad (171 en Tragsa y 36 en Tragsatec); y a nivel nacional a 836 empleados de la primera sociedad y a 806 de la filial. En conjunto las dos sociedades emplean en Castilla y León a 1.639 personas.
Los representantes sindicales informaron a los trabajadores del resultado de las tres reuniones mantenidas hasta ahora por la mesa negociadora constituida para dialogar sobre el ERE, en las que, según los trabajadores, la empresa se ha limitado a explicar los resultados de la consultoría realizada en los dos últimos años por Reinforce Consulting.
La parte sindical se ha esforzado en señalar que el expediente «va contra toda la plantilla, no sólo contra los afectados por el ERE presentado ahora», y aunque no se han fijado medidas de presión concretas sí se ha advertido de que se llevarán a cabo movilizaciones para frenar la intención de la compañía de deshacerse de más de 1.600 empleados de una plantilla total que ronda los 10.000 empleados.
Pérdidas y reservas
Los trabajadores rechazan el argumento de la previsión de pérdidas de entre 10 y 12 millones de euros para este año, porque aseguran que los beneficios de los ejercicios anteriores han dejado en la sociedad pública unas reservas de 120 millones que les permiten afrontar la situación sin tener que recurrir a los despidos.