Los trabajadores de Tragsa niegan la falta de rentabilidad que argumenta la empresa y temen una privatización
El periodo de consultas finaliza mañana y está previsto que se mantengan las concentraciones frente a las sedes de la compañía todas las tardes
Las dificultades que atraviesa la empresa Tragsa, que hace unas semanas planteó una situación de despido colectivo, se atribuyen a la falta de rentabilidad, algo que se rechaza desde los sindicatos de la compañía, que entienden que la única posibilidad para tomar esta determinación es el “intento de privatización” de una compañía que es pública en su totalidad.
La delegada de CCOO en Tragsa, Silvia Rodríguez, recordó que la empresa se encuentra en una situación de despido colectivo presentado en el último mes aludiendo a pérdidas económicas que ascienden a 17 millones de euros. Según ha comunicado la empresa, a día de hoy el plan contemplaría el despido de 836 trabajadores, de ellos 59 en la provincia de León, donde cuenta con 141 empleados fijos.
Rodríguez incidió en que desde 2006 Tragsa “ha destruido 6.000 puestos de trabajo eventuales”, y éste se plantea como un nuevo ERE “encubierto” en una empresa que cuenta con alrededor de 3.000 empleados eventuales en toda España. La Dirección ha argumentado que la compañía “no es rentable”, de ahí la necesidad de “destruir más empleos”, denunció CCOO.
A pesar de estas pérdidas económicas argumentadas por la Dirección, la parte social no se ha mostrado de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que la eliminación el año pasado de la paga extra a los trabajadores supuso un ahorro de ocho millones de euros. Además, se denunció que dentro del capítulo de pérdidas se está incluyendo la “aventura” de la empresa en el extranjero, en concreto en Panamá, que asciende a cinco millones, lo que a juicio de los sindicatos es “una inversión”.
Desde los sindicatos se rechaza la falta de rentabilidad de Tragsa y se ha mostrado disposición a realizar “una serie de ajustes” que permitan adoptar otras medidas distintas a la destrucción de empleo. Los responsables sindicales han propuesto “tocar la masa salarial que está fuera del convenio”, y criticaron la reestructuración que se está llevando a cabo mientras que la cúpula directiva “ha aumentado”, ámbito en el que se podría “redimensionar y ahorrar”.
Los responsables sindicales no descartan la posibilidad de negociar medidas como la posible reducción de jornada “o de otras cosas”, pero siempre mediante el diálogo. Por último, los delegados sindicales no ocultan su asombro por el conflicto generado “por 200 despidos” entre un colectivo de 6.000 trabajadores, donde podría plantearse un proceso de bajas incentivadas voluntarias.
El periodo de consultas termina mañana, 14 de noviembre, aunque no se descarta que pueda prolongarse unos días más la próxima semana, momento en el que el proceso “quedaría resuelto” a la espera de las denuncias de los trabajadores, algo que se determinará en las pertinentes asambleas. Hasta entonces, los trabajadores continuarán concentrándose frente a la empresa durante todos los días por la tarde.
Los responsables sindicales se reunieron hoy con el coordinador general de IU en León, Santiago Ordóñez, quien denunció el “sabotaje premeditado” de las administraciones del Partido Popular hacia esta empresa. Ordóñez, además, lamentó la situación de continuos expedientes de regulación de empleo que se están presentando en las últimas semanas en la provincia de León.
Ordóñez recordó que se trata de una empresa a la que se adeudan 480 millones procedentes de las administraciones públicas, más concretamente ayuntamientos y comunidades autónomas. En este sentido, y teniendo en cuenta que la Junta de Castilla y León es responsable del 5,34 por ciento de los trabajos de Tragsa, desde IU se reclamó conocer a cuánto asciende la deuda del Ejecutivo autonómico con la empresa. De la misma forma, se preguntó si el fondo del pago a proveedores y los créditos ICO han servido “para no pagar a Tragsa”.
IU insistió en la existencia de ese “sabotaje premeditado” en el caso de Tragsa al ser una empresa pública “con defectos” pero que se encuentra “al servicio del desarrollo rural”, y se lamentó que se fuera “al garete” la potestad de la administración para controlar los expedientes de regulación fraudulentos.