El Ayuntamiento hace frente a gastos de 50.000 euros al mes por actos vandálicos

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo intentará aprobar de nuevo la Ordenanza de Convivencia Ciudadana ante el vacío legal existente que obliga al Consistorio a hacer frente a más de 50.000 euros mensuales para reparar los desperfectos que originan los muchos actos vandálicos que se registran en el municipio. Una normativa que ya se intentó aprobar hace unos meses pero que fue imposible. Entonces, la concejala de Bienestar Social y Atención al Ciudadano, Aurora Baza, explicó a los diferentes grupos políticos su intención pero la mayoría de ellos manifestaron que votarían en contra de dicha normativa si llegaba a Pleno al considerar que tiene afán recaudatorio. Un punto de vista muy diferente es el que tiene la edil popular que considera fundamental aprobar un texto de estas características para evitar el desembolso al que tienen que hacer frente las arcas municipales. Por eso, la concejala de Bienestar Social, Aurora Baza, ve imprescindible que el tercer municipio de la provincia cuente con una Ordenanza de estas características, con la que ya cuentan muchos municipios y que lo único que pretende es poner coto a las acciones vandálicas y que los desperfectos los paguen quienes los producen.

Además, Baza tiene claro que será disuasoria y que permitirá regular un marco que hasta ahora carece de legislación. «Aquí no pasa nada, el que rompe no paga y no podemos seguir así», indicó Baza que reconoció «no entender» porque hay partidos políticos que se oponen a aprobar una normativa que redundará «en la mejor convivencia» en el municipio en el que vivimos. Baza anunció que en breve convocará de nuevo a todos los portavoces de los diferentes grupos políticos que tiene el municipio en la oposición (PSOE, UPL, PAL-Ul, IxSA e IU) para intentar sacar adelante la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Un documento que ya está elaborado y que hace referencia no sólo a daños en árboles, parques jardines, mobiliario urbano, objetos situados en la vía pública, estanques, fuentes sino que también sanciona las pintadas, el lavado de automóviles, los actos públicos, el consumo de bebidas alcohólicas, la utilización del monopatín y bicicletas o hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública. De hecho, esta normativa prohibirá las pintadas, la colocación de banderolas o carteles, tirar octavillas al suelo, romper, talar o zarandear árboles, arrancar flores, encender fuego, dejar objetos en la vía pública, bañarse en las fuentes, lavar el coche en la vía pública o vaciar los ceniceros. Serán infracciones muy graves perturbar la convivencia ciudadana y las pintadas que se realicen sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos. Deteriorar parques y jardines, y mobiliario urbano será una infracción grave, al igual que defecar, orinar o escupir en la vía pública o consumir bebidas alcohólicas. Las infracciones muy graves tendrán una sanción de de 1501 a 3.000 euros; las graves oscilarán entre 501 y 1.500 euros y las leves se sancionarán con multas de hasta 500 euros.

El mobiliario urbano que más sufre este tipo de actos de vandalismo son las papeleras y los bancos, que son arrancados en diversos lugares del municipio, especialmente en los parques. Además, de estos espacios verdes se han llevado decenas de tornillos y tirafondos de los bancos y juegos infantiles, además de los numerosos vertidos de basura registrados o contenedores rotos.