El Ayuntamiento de León deja en casa con sueldo a diez trabajadores por no recolocarlos
Los empleados cuentan con sentencias desde julio que declaran nulos sus despidos dentro del ERE . El PP defiende que no los reubica porque cerró el albergue, aunque también hay casos de guarderías.
El albergue es el servicio en el que estaban ubicados la mayoría de los trabajadores.
Que se queden en casa, que se les envía el sueldo. La síntesis de la orden dada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León a diez trabajadores municipales a los que por ahora no sabe dónde colocar. Empleados que fueron despedidos dentro del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado en la primavera del 2012, pero a los que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) obliga a reintegrar en su puesto. Una vuelta a la nómina que, con su correspondiente alta en la Seguridad Social, que supone el desembolso para la administración de una media de 2.000 euros mensuales por cada uno. Abonos que no llevan aparejada tarea, aunque en el informe de la asesoría jurídica del consistorio se especifica que se hará «a la mayor brevedad posible».
Esta brevedad aludida en el informe se dilata hasta cinco meses en algunos casos. El tiempo que se mantienen a la espera los dos primeros trabajadores, que recibieron sentencia del TSJ con la nulidad de su despido el 18 de julio de este año. La fecha desde la cual el Ayuntamiento está obligado a empezar a pagarles el salario. Un sueldo del que, a pesar de los requerimientos judiciales y la aceptación de la ejecución provisional con el alta en la Seguridad Social, todavía no han recibido ni un euro. «No existe en estos momentos la posibilidad material de reincorporar al interesado», se explica en el informe de la asesoría jurídica municipal después de que Personal les requiera que aclaren «las posibles actuaciones a seguir al haberse suprimido el albergue municipal».
Pero no sólo hay afectados de este servicio suprimido. Dentro de la decena de trabajadores que esperan que se cumpla la ejecución de sentencia provisional ordenada por el juzgado, según admitió esta semana en una comisión informativa la concejala de Personal y Régimen Interior, Nuria Lesmes, aparecen trabajadores de guarderías y bienestar social. Todos ellos con fallos judiciales en los que se subraya la nulidad del despido. Todos dentro de la doctrina expuesta por el TSJ, salvo el último, dictado el lunes de esta misma semana por el juzgado laboral de León. Todos, a excepción del salido de los juzgados de Sáenz de Miera, a la espera del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de León ante el Tribunal Supremo.
Hasta que se resuelva en el Alto Tribunal, lo que puede llevar entre un año y 18 meses de media, el Ayuntamiento ha informado por ahora a los afectados del albergue que no tiene dónde colocarlos. El hecho que no evita que el consistorio, como ha recalcado el TSJ en los hasta tres requerimientos enviados al consistorio, tenga que «abonar los salarios dejados de percibir desde la fecha de la sentencia», cotizar la Seguridad Social «por el mismo periodo y en lo sucesivo» y compensar «todas las cantidades que hayan sido abonadas en concepto de liquidación e indemnización del ERE».
El dinero que no tendrían que devolver, aunque no vayan a trabajar por orden del Ayuntamiento en los meses que tarde en resolverse el recurso, ni siquiera aunque el Supremo dé la razón a la administración municipal, según confirmó Lara Toral, integrante del despacho jurídico Barrientos, Gorgojo y Castro, que lleva a un grupo de los afectados. Una sentencia firme en la que, en caso de que se mantenga la nulidad, además ocasionará el pago de los salarios de tramitación desde el día del despido hasta el fallo del TSJ: más de 25.000 euros de media por cabeza.