El TSJ anula ya a León un tercio de los despidos del ERE recurridos

Dos más en la lista de los nulos. Y ya van 12. El nuevo saldo que deja el dictamen del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el ERE del Ayuntamiento de León, después de las sentencias notificadas este viernes. Un fallo que vuelve a asentarse sobre el criterio unánime adoptado por los magistrados de la sala de lo social sobre las irregularidades del despido colectivo. Un proceso liderado por la concejala de Personal y Régimen Interior, Nuria Lesmes, en el que el tribunal insiste en que hubo «omisión de unos criterios suficientemente específicos de los trabajadores afectados», lo que hubiera permitido ejecutar el recorte «sin acudir a decisiones arbitrarias o discrecionales sin relación con los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Las bases sobre las que el TSJ obliga a la readmisión de los empleados, a pesar de que el consistorio insista en acudir en casación al Tribunal Supremo. El trámite para validar las rescisiones, apoyado por CC OO, USO y Csif, que apelan al interés de la administración, en contra de los trabajadores despedidos. El intento por devolver la situación al estado que había conseguido en primera instancia en los juzgados de lo social de León, donde, según los datos que ahora admite Lesmes, de los 37 pleitos abiertos por el momento tan sólo cuatro se habían resuelto a favor de los empleados; tres de ellos por despido discriminatorio y a los que se readmitió tras tres meses de requerimientos judiciales.

Más casos a la espera

La balanza de estos juicios, de la que el PP se jactó en primavera, empezó a cambiar en julio. La fecha desde la que se han sucedido por goteo las doce sentencias de nulidad de despido. Un fallo casi idéntico en todos los casos, que hace presagiar que en la veintena de recursos que quedan por resolver se plasme el mismo juicio.

La acumulación de fallos hace que en los últimos meses, de acuerdo a la ejecución provisional de sentencia decretada por el TSJ, el Ayuntamiento mantenga a 10 trabajadores en su casa pero con derecho a percibir nómina y a que se cotice por ellos. Una situación —a la que se sumarán ahora los dos nuevos trabajadores con sentencia de nulidad de despido— que le cuesta al consistorio una media de 2.000 euros mensuales por cada uno de los afectados.

Empleados a los que no recoloca porque defiende que su servicio ha desaparecido, como sucede con los adscritos al albergue municipal que cerró en el verano del 2012, pero entre los que también hay otros de departamentos que se mantienen, como guarderías, servicios sociales e, incluso, de turismo, caso de una de las dos últimas sentencias. Unos afectados a los que todavía no ha pagado —aunque está obligado a hacerlo desde el momento de la sentencia—y a los que tendrá que mantener en nómina hasta que el Supremo resuelva como muy pronto dentro de un año. Casos ante los que, cinco meses después, el Ayuntamiento espera «un informe jurídico» para saber qué hacer, como apuntó el alcalde el viernes. La deriva de un ERE para el que se pagó 150.000 euros a un bufete externo por el asesoramiento, más 740.000 euros en indemnizaciones dentro de los 118 despidos.

Una bolsa en la que de los 33 recurridos por el momento ya hay 12 a los que pagar por estar en casa.