las opiniones

PSOE

Gancedo resaltó que «el preacuerdo firmado el 2 de octubre por el alcalde comprometiéndose al rescate de la concesión excedía sus competencias, que son del Pleno, y sirven para que la empresa se aferre a no prestar el servicio».

IU

Terrón apuntó que las piscinas «son un servicio público obligatorio, privatizado en el 2005 con un coste de ampliación de 700.000 euros, pero los vecinos han pagado por ello 3 millones».

Ixsa

Herrero Rubinat cree que hay «dos partes, empresa y Ayuntamiento, y ninguna jugó limpio. Se trata de una concurrencia de culpas, donde nadie actuó bien».

PAL-UL

Indica que «si la empresa actuó bien o mal, al cerrar las piscinas, lo decidirán los técnicos y los jueces». Pero entiende que hubo «roces».

UPL

Del acuerdo entre Gexín y el alcalde «sólo vale el último párrafo, que es perdonar los daños por cerrar».

PP

García indicó que el acuerdo llevado al Pleno se inspira en «resolver el problema del cierre de las piscinas, manteniendo los 17 puestos de trabajo. Si se produjeron errores, los intentaremos solucionar».