Los despedidos que denuncian tardan 619 días en cobrar
El Fogasa ocupa 54 días de media en tramitar un expediente y los juzgados otros 560
Trabajadores de empresas en quiebra despedidos hace más de un año y medio, muchos de ellos con los sueldos impagados durante meses, están cobrando ahora las indemnizaciones. Ocurre todos los meses. La comisión provincial de seguimiento de pagos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) maneja datos que así lo constatan. Los plazos medios de tramitación dentro de la unidad administrativa de León son de 54 días.
Pero para que el Fogasa inicie los trámites de pago, el juzgado debe enviarle la sentencia que declara insolvente a la empresa deudora —en el caso de que no haya acta de conciliación— y también debe celebrar un juicio por despido improcedente, que a su vez conlleva una fase para ejecutar la sentencia y cobrar la deuda reconocida más los salarios de tramitación. En definitiva, desde que se pone la demanda hasta que culmina el proceso suman otros 560 días de media. «Eso a un trabajador que no es responsable de su circunstancia le supone un drama añadido», denunció el responsable de elecciones sindicales en pymes del sindicato CC OO en León, Juan Carlos Mencía, fuente de la citada estadística.
Desbordados
Que el Fogasa y los juzgados están desbordados parece un hecho. Y para muestra, un botón. El organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que garantiza a los trabajadores las indemnizaciones y atrasos por despido o extinción de relación laboral pendientes de pago como consecuencia de una insolvencia o proceso consursal del empresario desembolsa alrededor de 400.000 euros trimestralmente en León por las cargas de las empresas leonesas. En un periodo similar, el Fogasa y los juzgados reciben una media de cien casos, principalmente —por orden— de los sectores de construcción, servicios y hostelería. La tendencia nacional es otra: hay más órdenes de pago por despidos en servicios, construcción e industrias manufactureras.
«Los plazos que se da el Fogasa —tiene tres meses por Ley para dar de paso o denegar un expediente— son razonables, pero el atasco de los juzgados no es de recibo», defendió el sindicalista, quien hizo mención a situaciones personales verdaderamente descorazonadoras de parados con responsabilidades familiares a los que se les agotan los recursos mientras esperan la indemnización que les corresponde legalmente por años de trabajo. «No sólo es que el paro se les acaba, sino que hay detrás muchos salarios que no cobraron», un hecho que agrava aún más la tensa espera.