«Ahora mismo no es momento para suprimir partidos judiciales»

El decano de los jueces de León, Luis Alberto Gómez García, considera que la Ley de Demarcación y Planta, que contempla la supresión de cinco de los siete partidos judiciales de la provincia «no es una mala idea, pero no es el momento de ponerla en marcha».

El juez decano participó anoche en la tertulia El Filandón , que emitió La 8 de Castilla y León Televisión para la capital y que organiza al unísono con Diario de León.

«El anteproyecto estaba hecho pensando en los Tribunales de Instancia, que me parece una iniciativa perfecta para optimizar recursos. La idea no es mala y la perspectiva es positiva a medio o a largo plazo, pero no todos los territorios son iguales y hay que tener en cuenta las particularidades de cada territorio. Por eso se respeta Ponferrada como partido judicial».

Hay una dualidad fundamental a criterio del decano: «El problema es que hay poblaciones que iban a perder servicio pero ¿qué queremos, cercanía o eficacia? Villablino, por ejemplo, ha bajado mucho de población y quizá tendría un mejor servicio si se atendiera desde Ponferrada. De hecho, los jueces sustitutos que se van a encargar de esta área, van a ser los de allí».

«Para poner en marcha los Tribunales de Instancia es necesario tener el modelo de la Oficina Judicial extendido a prácticamente todo el país, y además hay que reformar los edificios judiciales para volver casi al sistema de salas...», explicó el decano de los jueces.

«La Oficina Judicial no ha alcanzado su adaptación porque arrastra problemas estructurales. El principal problema del estancamiento es la falta del expediente digital y a pesar del esfuerzo de presupuesto que se hizo inicialmente, no hay avances. El ministro Gallardón ha vuelto a prometer este fin de semana en Valladolid que lo va a poner en marcha, pero yo ya escuché lo mismo hace dos años y el año pasado y aquí seguimos... Hay un problema de distribución de plantillas añadido y aunque la idea es de futuro y es buena, León tuvo que subirse a ese carro porque era ahora o nunca y ha sido un poco anticipado, pero había que aprovechar la ocasión».

Las obras de los juzgados de la capital están «a punto de terminar» pero el problema radica en que al día siguiente de la inauguración de los juzgados, ya se habían quedado pequeños: «El problema es que se necesitaría una obra integral para acabar con los pequeños parches que estamos poniendo. Hubo un proyecto del ministerio de seis millones de euros pero en las condiciones presupuestarias en las que estamos en la actualidad, eso no es posible».

Luis Alberto Gómez sigue oponiéndose al la Ley de Tasas «porque es una fórmula para apartar de la justicia al ciudadano. La más perjudicada ha sido la clase media, porque los menos pudientes tienen a su disposición la justicia gratuita y los más poderosos no tienen ningún problema económico para recurrir. El ejemplo yo lo veo en los recursos por las licencias urbanísticas. Un ciudadano que lo pierde, como tiene que hacer un depósito en función del presupuesto de la obra, se encuentra con que tiene que avanzar 3.000 euros que en caso de perder el juicio, no va a recuperar tampoco. Si lo que se pretendía era evitar los casos en los que la gente pretendía prolongar los procesos sólo por intención dilatoria o recurrir por recurrir, se podía dejar en manos del juez la decisión. Pero en esto, como en otras muchas cosas, no se ha contado con los profesionales».

Politización

La politización de la vida judicial también está presente en el pensamiento del representante de los jueces de la capital: «Ni podemos tener un modelo decimonónico ni se puede dejar la elección de los miembros del Poder Judicial en manos de los políticos. De hecho, se sabe por la prensa quiénes van a ser los elegidos antes de que se reúnan... El ciudadano ve con descrédito este tipo de problemas y aunque a la hora de dictar una sentencia cualquier juez se olvida de lo que tiene delante y se deja guiar sólo por la ley, el problema es que en la calle no se ve así y a veces me frustra un poco como profesional».

De cara a la presencia de la Infanta Cristina en los juzgados de Palma de Mallorca el próximo sábado, Gómez García es muy claro: «Conozco al juez decano de Palma, es un buen amigo mío y sé que está haciendo lo que debe. Ante la justicia somos todos iguales y seguro que así va a ser, pero otra cosa es la repercusión que tenemos cada uno y ahí tiene que haber diferencias. Me refiero a que hay que poner medidas de seguridad para el «paseíllo» porque se pueden producir incidentes de orden público. Que yo salga a la calle, no inquieta a nadie. Que lo haga la Infanta puede generar un problema y eso es lo que creo que hay que evitar».

A título personal, discrepa de la posibilidad de que procuradores y abogados pasen a ejercer la misma función en la nueva Ley de Servicios Profesionales «porque cada uno tiene su función». Respecto a su futuro como decano «aún es pronto para decidir, pero pienso que sería positivo que todos los compañeros fueran pasando por el cargo de representación de los jueces, porque es bonito aunque es un poco sacrificado», según reconoció.