Gestión de servicios, obras, suministros y concesiones
Con la misión de velar por la legalidad y transparencia en la contratación pública, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León fiscaliza estos documentos bajo la premisa de garantizar la igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.
La mayoría de los contratos recurridos en todo el ámbito de la Comunidad el pasado año se centraron en el sector servicios, 33, seguidos por suministros, 16, y la gestión de servicios públicos, 13; los restantes tienen como protagonistas a obras o concesiones.
«La experiencia acumulada hasta ahora permite afirmar que la mayoría de las controversias contractuales finalizan de modo definitivo en esta nueva vía, con la consiguiente reducción de litigios sobre esta materia», aseguran fuentes de este organismo.
También su labor genera ya un nuevo cuerpo de doctrina sobre contratación pública en Castilla y León y asegura mayor garantía jurídica a administraciones y los propios licitadores.
En el caso de que este tribunal emita una resolución desestimatoria, el procedimiento administrativo de contratación podrá continuar su cauce habitual, y si es estimatoria dependerá del acto recurrido y que obligue a retrotraer las actuaciones. Incluso, se puede forzar a repetir todo el proceso. Ante la inadmisión, puede ser por no llegar a la cuantía requerida.