sentencia del tribunal superior de justicia
El intento del PP de anular la oposición de bomberos le cuesta a León 3.000 euros
El TSJ anula la aprobación del presupuesto de 2012 por hacer la amortización de las 12 plazas «sin ajustarse a derecho».
Más de dos años después, el Tribunal Superior de Justicia cierra la polémica de las oposiciones a bombero con un portazo en las narices del equipo de gobierno del PP. La sentencia en la que el tribunal desmonta la argumentación con la que los populares, amparados en un informe del interventor municipal, frenaron el proceso a la espera tan sólo de las notas del último examen con el argumento de que no existía consignación presupuestaria en el momento de la convocatoria. El aval con el que aprovecharon para amortizar las 12 plazas a la hora de aprobar el presupuesto de 2012: el acuerdo que anulan ahora los magistrados por «la omisión del trámite esencial» de la «negociación colectiva» que determina «su nulidad de pleno derecho». El dictamen que el Alto tribunal remata con la imposición de costas al Ayuntamiento, lo que supondrá el pago de 3.000 euros, una vez incluidos los derechos del procurador.
Más allá de anular la amortización de las plazas por no someterla a negociación colectiva, el fallo subraya que «carece de todo fundamento» el planteamiento del equipo de gobierno de que no existía crédito presupuestario en el momento de la convocatoria, en 2010. Una exigencia que no cabe, según los magistrados, dado que «el gasto se había de contraer en ejercicios futuros, siendo objeto de prórroga dicho presupuesto para 2011», y que se trataba de «una obligación ya contraída, obligatoriamente exigible, para la que se debía consignar crédito en 2012». El criterio desde el que incluso el contencioso administrativo del TSJ abunda en que la revisión de oficio efectuada, con la que se logró frenar la oposición, «ni se encuentra materialmente legitimada, pues no se observan motivos que pudieran ampararlo», ni «la mera declaración de lesividad puede entenderse que justifique la amortización de las plazas en la plantilla».
El varapalo que se cierra con el fallo que obliga al Ayuntamiento a dotar las doce plazas: un acto que ya cumplió en verano, cuando el mismo tribunal lo decretó como medida provisional y el equipo de gobierno aprobó la modificación en las cuentas de 2013 y reanudó la oposición.
