TRIBUNALES
Nueve cargos de Economía, citados a declarar por presunta prevaricación
El Consejo de Cuentas detecta fragmentación de obras, seis de ellas en la provincia
Las obras en León son de restauración minera.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado a declarar el 24 de abril a nueve personas con cargos de diversa responsabilidad en la Consejería de Economía de la Junta en 2010, entre ellos tres directores generales, como imputados por un presunto delito de «prevaricación administrativa».
La investigación del juez se inicio tras una denuncia de Fiscalía Anticorrupción, y parte de una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos (la mayoría de Valladolid y seis de León) en los que se había partido el importe de los eventos para no superar los límites de la adjudicación directa, y así elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.
El juez determinará con los indicios presentados si los imputados han tramitado distintos expedientes de manera contraria a Derecho; es decir, si contratos de diferentes eventos que debían haberse ofrecidos mediante licitación pública -tal como obliga la ley al superar los 18.000 euros- han sido divididos en diferentes partes (aunque formaran un todo del mismo objeto) con el fin de que su valor fuera menor a esos 18.000 euros y poderse así adjudicar directamente.
El responsable judicial ha llamado a declarar entre las 10.00 y las 11.30 horas del jueves 24 de abril, por este orden y con su cargo en 2010, a Rafael Llanos Barrocal, jefe del Servicio Prevención; Miguel Angel Diez Mediavilla, director general de Trabajo; Juan Carlos Martinez Gonzalez, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales (Dirección General de Comercio); Nuria Garcia Prieto, interventora delegada; Jose Maria Casas Inclan, coordinador de Servicios (Dirección General de Comercio); Ana Maria Lorenzo Fernandez, jefe de Servicio (Dirección General de Comercio); Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Juan Carlos Gamazo Chillon, jefe de Servicio de Análisis Económico (Dirección General de Economía); y Victor Valverde Gomez, director general de Economía. En la actualidad de los tres directores generales imputados sólo continúa con ese cargo, pero en Economía Social y Autónomos, Carlos Teresa, y el resto de funcionarios sigue en sus respectivos puestos.
En el caso de las obras de León el Consejo detecta «coincidencias apreciables en el objeto, referido a obras de restauración de antiguas minas, y a la fecha, además de que se adjudicaron a la misma empresa.
En sus alegaciones la Dirección General de Energía y Minas contestó que durante años se ha desarrollado una «actuación estratégica en relación con la eliminación de riesgos singulares: socavones, grietas, chimeneas, edificios en ruina,... ocasionados por las actividades mineras inactivas». Y señala que la coincidencia que se produce «no es causa para afirmar que se trata de un fraccionamiento, toda vez que se trata de actuaciones diferentes totalmente individualizadas con requisitos y requerimientos también diferentes». Concluye que las actuaciones se recogieron en el Inventario de zonas de potencial riesgo, y se catalogaron en fichas los elementos de riesgo por unidades de explotación independientes, por lo que «no se debe entender que haya fraccionamiento».
El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, subrayó ayer su «plena confianza» en las nueve personas» y destacó «el rigor, profesionalidad, honestidad y seriedad» de todos ellos, y afirmó que su confianza está avalada por su trayectoria.