a un año de las primeras sentencias
El PP busca «una solución» para recolocar a los empleados que paga por estar en casa
El equipo de gobierno del Ayuntamiento asegura que lo hará «lo antes posible» después del último auto del TSJ que frenó su intento de volver a despedirlos.
Cuando se va a cumplir casi un año de las primeras sentencias que le obligaban a readmitir a trabajadores despedidos dentro del ERE, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de León anunció ayer que está «buscando una solución» para recolocar a los empleados que, desde entonces, paga por estar en casa. Una decena de empleados hasta el momento a los que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictaminó como nulo su despido, a pesar de que en primera instancia había perdido el pleito en los juzgados de lo social de la capital leonesa, y que, en los primeros casos, ya cuentan con sentencia firme después de que el Tribunal Supremo no haya aceptado el recurso de casación interpuesto por el consistorio. Empleados que la Concejalía de Personal, dirigida por Nuria Lesmes, había empezado a volver a despedir, amparada en un fallo del TSJ de Madrid, pero que el Alto Tribunal autonómico le ha vuelto a recalcar que tiene que readmitir.
Sin otro remedio, el PP aseguró ayer que es «muy respetuoso con las decisiones judiciales, lo que no quiere decir» que esté «de acuerdo con ellas», como señaló el portavoz del equipo de gobierno, José María López Benito. «Los asuntos laborales son complejos, tan complejos que hay unos jueces que en primera instancias nos han dado la razón y otros, en pocos casos, nos la han quitado en una instancia superior», citó el edil popular, quien incidió en que «es más difícil de entender o compartir» cuando se da el caso de que la readmisión, en la mayoría de los afectados, se tiene que dar en un servicio que se cerró con el plan de ajuste de hace dos años: el albergue municipal.
Pese a esta situación y con la advertencia del TSJ, el equipo de gobierno está «buscando una solución para dar cumplimiento a la sentencia y, además, hacerlo lo antes posible», insistió López Benito tras la celebración de la junta de gobierno. Mientras, los trabajadores reconocidos por la sentencia del TSJ cuentan con su derecho de cobrar todas las nóminas desde el despido: una media de 2.000 euros, con Seguridad Social, desde mayo de 2012.