Otazu y jefe de Anestesia declaran como imputados por utilizar el nombre de otro
La jueza pide los datos de otros profesionales sanitarios que trabajaban en la . clínica .
La clínica López Otazu está cerrada desde noviembre.
El jefe del servicio de Anestesia del Hospital de León y el propietario de la clínica López Otazu, Joaquín López Otazu, tendrá que declarar el 6 de mayo en calidad de imputados ante la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de León. La jueza los cita el mismo día para intentar aclarar más detalles del proceso abierto tras la denuncia presentada por el anestesista José Manuel Caunedo por un presunto delito de suplantación de identidad y falsificación de documento público. El imputado lo es por el hecho de tener una denuncia y puede acudir a declarar con la asistencia de un abogado. La jueza también ha pedido información para localizar a otros profesionales que trabajaban en la clínica López Otazu en el periodo de tiempo en el que se desarrollaron los hechos denunciados, entre mayo de 2009 y diciembre de 2012.
Ante la imposibilidad de encontrar al médico Joaquín López Otazu en la clínica, que desde hace seis meses está cerrada y con un concurso de acreedores abierto, la jueza ha pedido a la policía judicial que lo localice para asegurarse de que recibe la citación. La jueza también ha pedido a la clínica que presente los cheques con los que pagaba a los anestesistas que trabajaban en sus quirófanos.
La denuncia
El anestesista José Manuel Caunedo, que trabaja exclusivamente en la sanidad privada, presentó una denuncia en marzo de 2013 para que tanto la administración —Sacyl— como la justicia, investigaran un posible delito penal al comprobar que otros profesionales del Hospital de León habían utilizado su nombre para operar en la clínica López Otazu a pacientes de Sacyl, para los que tenían incompatibilidad. El juzgado de instrucción admitió a trámite la denuncia y el 23 de diciembre inició las instrucciones previas, días después de que Sacyl, tras una investigación preliminar, remitiese la documentación a la Fiscalía de León por entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito.
Caunedo dice en su denuncia que la dirección de la clínica López Otazu le ofreció dinero a cambio de que su nombre se reflejara en la documentación que enviaban a Sacyl aunque él no hubiera intervenido en la operación, ofrecimiento que rechazó para posteriormente denunciar los hechos.
El primero en declarar ante la jueza fue el propio Caunedo el 25 de marzo. Sobre la mesa de la magistrada puso documentación con la que pretende demostrar que le atribuyen 1.500 operaciones que no hizo y que valora en 120.000 euros. Durante su declaración la jueza se interesó por la forma de pago y la elaboración de las hojas de los quirófanos.