«Somos chivos expiatorios»

Tiene 56 años, está en el paro desde hace dos y ya no tiene ni la ayuda de 400 euros. Su hijo de 18 años depende de ella. «No tengo nada. Hace meses que fui a la trabajadora social y todavía no me han gestionado asistencia», afirma Carmen Bajo Crémer. Su horizonte inmediato es la cárcel de Albolete, Granada.

«Soy animadora sociocultural y he entrado en la cárcel como voluntaria, pero no me imagino cómo a ser mi vida allí», apunta. Ha pedido retrasar la ejecución hasta julio para tener tiempo de «solucionar la situación de mi hijo, que es quien más me preocupa».

Cuando surgió el 15M se identificó totalmente con el movimiento de indignados y se sumó porque los partidos convencionales «están muy anquilosados». Cree que la batalla está dando resultados: «El 15M los está haciendo despertar».

Mientras suenan las campanas con la canción de Agustín Lara en la plaza del Carmen de Granada relata emocionada que el día que dieron la rueda de prensa para hacer pública la sentencia que les condena, a ella y al estudiante de medicina Carlos Cano, a tres años y un día de prisión estaban presentes UGT, Comisiones Obreras, CNT, CGT, Equo, Podemos, Izquierda Unida y otros colectivos. «Carlos no podrá hacer el MIR», lamenta.

Carmen Bajo Crémer y Carlos Cano Navarro fueron condenados por un delito contra el derecho de los trabajadores (artículo 315,3º del Código Penal) a partir de una única prueba: el testimonio de la dueña de un local de copas de Granada al que entró un piquete informativo compuesto por 30 personas la madrugada del 29 de marzo de 2012, al inicio de la jornada de huelga general. Se considera probado que tanto la leonesa como el estudiante cordobés profirieron insultos y pegaron pegatinas en el local de diversos colectivos —desde CNT a Stop Desahucios, pasando por el 15M. Un tercer procesado en esta causa fue absuelto.

«Somos chivos expiatorios, no delincuentes. Carlos y yo no somos los únicos. No es algo casual. Es un intento de criminalizar la lucha social y de judicializar la política», alega. Pese a la «situación muy preocupante» en la que se ve, valora el respaldo de la gente. «En mi barrio me encuentro a gente que nunca me había dirigido la palabra ni van a manifestaciones y se muestran solidarias».

Piquete custodiado

La versión de la leonesa Carmen Bajo tiene otros matices. «Íbamos custodiados por la Policía Nacional que nos siguió en todo momento. Entramos y dijimos: Chapa y nos vamos. Hubo gente que puso pegatinas e hizo pintadas. La policía tardó en entrar, creo que después de que la dueña llamara a la central, nos vieron sentados y nos pidieron la documentación. Incluso le tuvieron que llamar la atención a ella porque nos amenazaba. Finalmente, marchamos y el local quedó abierto. La policía siguió acompañándonos».

Dos semanas después la dueña del bar puso la denuncia. «Se desdijo en sus declaraciones varias veces y presentó un parte de daños de 700 euros sin peritaje», afirma. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, ratificada por la Audiencia Provincial, no tiene en cuenta los testimonios de otros integrantes del piquete. «Adolecen de elementos de verificación pues pese a admitir que estuvieron en el local junto a los acusados y un total de entre 30 a 40 personas, Javier admitió conocerlos sólo de vista, pero a continuación manifestó que estuvieron todo el día juntos, lo que es motivo de un conocimiento más allá de la simple vista, lo que hace desconfiar de su versión».

Dos por 30

La víctima, dice la sentencia, «mostró coherencia, fluidez y espontaneidad» y «no se le apreció gesto, ademán o expresión de animadversión, enemistad, venganza, rencor o rechazo hacia los acusados». Al tercer acusado se le absuelve porque dijo «no recordarlo, si bien aclaró que al llegar la Policía sí identificó ante los agente a un señor mayor que tomó parte activa en las amenazas».

La sentencia tacha de «erróneo el planteamiento de los acusados de que actuando como piquetes hacían efectivo su derecho a la huelga» y «más innecesario que tengan que ir 30 o 40 personas para informar de la conveniencia o ventajas de una huelga».

El juez acudea a la doctrina del Tribunal Constitucional en el sentido de que «el derecho de huelga incluye el derecho de difusión e información pero no puede tutelar el de coaccionar, amenazar o ejercer actos de violencia». Y avala la condena en el reconocimiento de los causados de «haber formado parte del piquete informativo, informar del derecho a la huelga, es decir se concertaron previamente asumiendo que iban a cerrar el local por la fuerza si su titular no lo hacía», cosa que no sucedió. «Marchamos y el local quedó abierto», insiste la leonesa.