San Andrés coloca los radares en los semáforos de Pablo Díez y San Ignacio de Loyola

El Ayuntamiento de San Andrés procedió ayer a la colocación de las cámaras foto-rojo en Párroco Pablo Díez y San Ignacio de Loyola. Se trata de las mismas que hace unos meses se instalaron en farolas y hubo que desmontarlas al no cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad.

Están situadas en Párroco Pablo Díez, a la altura de la plaza del Peregrino (en sentido Trobajo), y en el semáforo del cruce de la calle San Ignacio de Loyola con la calle Viriato (hacia la carretera de Caboalles). Serán los dos primeros dispositivos de estas características que se ubicarán en el municipio y que multarán a los conductores que se salten el semáforo en rojo.

Las ubicaciones elegidas se basan en un estudio realizado por los técnicos municipales, donde se ha detectado que un mayor número de vehículos ignoran la obligatoriedad de detenerse ante un semáforo. Una medida que está justificada por el elevado número de quejas de los ciudadanos por la falta de seguridad en estas zonas y el elevado número de infracciones, puesto que los vehículos se saltan de forma habitual el semáforo en rojo, existe exceso de velocidad y no paran en los pasos de peatones.

Los criterios utilizados para la instalación de estos sistemas de seguimiento de infracciones mediante el reconocimiento automático de matrícula han sido la accidentabilidad, la intensidad de circulación y las vías catalogadas como preferentes.

La instalación de estos dispositivos, que captan la matrícula del vehículo que sobrepasa la línea de detección cuando el semáforo está en rojo, mejorarán la seguridad vial en el municipio, sobre todo en el entorno de las zonas escolares. Su instalación no ha supuesto ningún coste para el Ayuntamiento, ya que forman parte de las mejoras que ha introducido la empresa adjudicataria de la implantación de las últimas soluciones tecnológicas en materia de telecomunicaciones.

En cuanto al coste de las multas, será la Junta de Gobierno la que apruebe la sanción que acarreará cada infracción que se tramitarán en el Ayuntamiento y serán enviadas a la Agencia Tributaria, que iniciará el correspondiente procedimiento sancionador.

Habrá un periodo de prueba previo para concienciar a los ciudadanos antes de su puesta en marcha definitiva.