Antibióticos manipuló la lista de acreedores para ocultar su deuda

El informe de calificación de la Administración Concursal de Antibióticos concluye que la lista de acreedores presentada por la farmacéutica fue manipulada para ocultar un desfase millonario en las cuentas de la compañía, por lo que considera que la concursada ha incurrido en un supuesto de inexactitud grave que podría declarar «culpable» el proceso concursal abierto hace casi un año. Según el citado informe, la lista de acreedores presentada por la propiedad de Antibióticos para tramitar el concurso asumía cargas por valor de 38,8 millones de euros en mayo de 2013, en las que se incluían deudas con organismos públicos, empleados y accionistas y otras responsabilidades en francos, libras y dólares.

Sin embargo, los textos definitivos presentados por la Administración Concursal el día que se declaró el concurso —22 de julio de 2013, sólo dos meses después— recogían una deuda de 57,1 millones de euros, por lo que el desfase superaba los 18 millones de euros. En opinión de los administradores, tal deuda «no pudo generarse en el plazo de dos meses».

Es reseñable el hecho de que en la lista de acreedores que presentó Antibióticos tan sólo se recoge como deuda reclamada judicialmente los 172.000 euros de la firma Hebei Hongyuan Chemical. Pero la documentación aportada por parte de los administradores que tutelan el proceso concursal de Antibióticos, del que dependen 250 familias en León, apunta en otra dirección. En el momento de activarse el concurso, la farmacéutica de Pucci se encontraba inmersa en, al menos, 73 prodecimientos judiciales de reclamación de cantidad. De ellos, al menos cuatro prodecimientos se iniciaron en 2011, 57 procesos en 2012 y 12 en 2013.

En consecuencia, «es falsa la afirmación contenida en las cuentas anuales de 2011 y 2012», asevera el informe de calificación entregado al juez de lo Mercantil de León para tome una decisión respecto a si el concurso de Antibióticos es declarado fortuito o culpable, como piden los administradores. La relevancia de su afirmación deriva del importe reclamado en los citados procedimientos y de los intereses y gastos que habría soportado la concursada, privando además a terceros de información esencial.

Respecto a la existencia de embargos sobre los activos de Antibióticos, los administradores concursales consideran igualmente falsa la afirmación vertida por la sociedad en sus cuentas de 2011 y 2012, como en el caso anterior. Y ello porque los activos de la compañía estaban gravados con varias anotaciones de embargo, de las que la propiedad de Antibióticos tendría conocimiento antes de formular las cuentas en ambos ejercicios. Tal y como recogen las notas simples del Registro de la Propiedad, ya había constancia de embargos por parte del Ayuntamiento de León, de Moncobra S.A., Hacienda, la Tesorería General de la Seguridad Social, Parker Hannfin España, Vaciero S.A., Oxea y Chemical Compounds S.L.

Sólo en esta relación, los embargos realizados alcanzan la nada desdeñable cifra de 11,4 millones de euros sin que la empresa haga mención a ellos en sus cuentas anuales. Los numerosos procedimientos judiciales y los embargos sobre los bienes de la empresa son, a juicio de los administradores, relevantes y constituyen información significativa que debería haber sido proporcionada «en lugar de negar su existencia».

Todo ello al margen de otras irregularidades contables —resumidas en un cuadro junto a estas líneas— que ayudaron a agravar la insolvencia de Antibióticos. En tal sentido, llama especialmente la atención de los administradores la operación de compraventa de Asturpharma, en la que Antibióticos también ocultó información relevante relativa a los avales. A pesar de mantenerse en vigor, la concursada procedió de forma voluntaria a su omisión en el ejercicio de 2012. La relevancia de este hecho radica en el importe de las cifras emitidas, que asciende a 4,6 millones de euros y que fueron entregadas en diciembre de 2010, datos que no pueden ser omitidos. A este respecto, se habría vulnerado la normativa contable recogida en el Plan General de Contabilidad que obliga a las empresas a dotar una provisión (reconocer un gasto) por contingencias conocidas.