El fiscal de menores desvela que el ingreso de tres chicos se retrasó un mes en León por falta de plazas

El coordinador de las fiscalías de menores de Castilla y León y responsable en León, Avelino Fierro, criticó ayer que el recurso de la convivencia con grupo educativo que se impone a veces a los menores, es «insuficiente» al asegurar que «faltan plazas y la administración no hace nada por solventarlo». Fierro puso el ejemplo de la Fiscalía de León que ha tenido casi un mes a tres muchachos pendientes de ingreso en un centro de este tipo. Una situación que le lleva a reflexionar de que «hasta que no pase algo grave y el asunto salga en la prensa parece que los políticos no se dan por enterados, que parece que buscan soluciones a golpe de caso mediático».

Los jóvenes infractores cumplieron el año pasado un total de 2.222 medidas judiciales en Castilla y León mediante programas de atención y reinserción dictados por los juzgados de Menores y que tienen como objetivo resocializar a los chavales que han cometido algún delito o falta.

Mejores datos

La cifra es inferior a la registrada en 2012 cuando la Fiscalía contabilizó 2.450 medidas ejecutadas, lo que supone una tendencia a la baja en los últimos ejercicios después de alcanzar el punto más alto en 2010 (2.854) y situarse en niveles similares a 2008 cuando hubo 2.293. La mayor parte de las medidas (1.959) en la Comunidad correspondió a las denominadas unidades de intervención educativa, cuyo cumplimiento se realiza en medio abierto, mientras que el resto (263) se articuló a través de los centros de internamiento como el Zambrana, de referencia a nivel regional, y Los Manzanos, ambos en Valladolid.

El grueso de acciones dictadas por los juzgados de Menores en 2012 supuso la libertad vigilada (34 %), seguido de las prestaciones en beneficio de la comunidad (23 %) y la realización de tareas socioeducativas (11 %). En todos los casos, son medidas impuestas por la administración de Justicia aunque el cumplimiento corresponde a las comunidades autónomas. En este caso, la Junta de Castilla y León es la competente.

Avelino Fierro recuerda que uno de los principios inspiradores de la Ley del Menor es el del cumplimiento de las medidas en el propio territorio pero, en la actualidad, una Comunidad tan extensa como Castilla y León solo dispone de un centro de internamiento. Y eso que este fiscal declara que León cuenta con un centro acabado, de medio centenar de plazas, desde hace año y que no está en funcionamiento. «No se sabe nada sobre esta instalación porque hay un secretismo absurdo», asevera. El teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de León considera que la actual Ley del Menor es eficaz, al contar con instrumentos adecuados que van desde las medidas educativas a las sancionadoras o restrictivas, en función de la gravedad de la falta o el delito y de la reincidencia. En todo caso, es partidario de rebajar la edad penal, por ejemplo a los 12 años, en casos excepcionales de extrema gravedad.