Diario de León

«Ni había menores ni estaban arraigados»

. Urbanismo prohíbe a los inquilinos de las casas de la Azucarera de Santa Elvira seguir residiendo en la zona ante el riesgo inminente de derrumbamiento en la zona.

León

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La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de León, Belén Martín-Granizo, aseguró ayer a este periódico que a la vista de los problemas de seguridad que se planteaban en las casas abandonadas de la antigua Azucarera de Santa Elvira, se dio orden a la Policía Local de notificar a los residentes la imposibilidad de continuar ocupando las construcciones «porque presentan riesgos muy serios para su integridad, que no podíamos permitir».

La concejala rechazó las acusaciones de la oposición: «No había menores ni había residentes estables en la zona. Se trata de personas que estaban ocupando estos inmuebles de manera provisional y que no tenían un arraigo en León o con la zona», matizó. «Hace tres años, cuando llegamos al Ayuntamiento, elaboramos un plan de ornato y salud pública que fue el que nos impulsó a actuar en el Teatro Emperador o en la sede de Comisiones Obreras, por ejemplo. Pues este caso es lo mismo, se trata de actuar siguiendo unos parámetros que son los que deben de regir en las actuaciones de este tipo». No se tiene constancia en el Ayuntamiento de que ninguna de estas familias haya solicitado algún tipo de ayuda para tratar de solucionar la situación en la que quedan ahora. «Ese asunto está en manos de Urbanismo», explicó la concejala de Bienestar Social, Montserrat Gutiérrez. «Nuestra actuación se limita a los asuntos de nuestra competencia», explicó Martín-Granizo.

La oposición denunció que tras la comisión informativa celebrada en la mañana de ayer, el equipo de gobierno «se limitó a leer las mismas declaraciones que han hecho en los medios de comunicación», aunque no hubo pronunciamiento oficial del PSOE al respecto.

Los socialistas habían emitido en la víspera un comunicado en el que criticaban la forma en la que el Consistorio había dado la orden de desalojar la zona. La Policía Local redactó un informe extenso en el que señaló la peligrosidad de la zona y conminaba al Ayuntamiento a adoptar las medidas correspondientes para evitar la posibilidad de una desgracia.

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