Un millar de edificios deben pasar la inspección técnica el próximo año

El Padrón de la Inspección Técnica de Construcciones (ITC) da turno para el próximo año a 1.033 inmuebles del municipio de la capital leonesa. La nómina de obligados, que abarca el doble que en el presente ejercicio, en el que apenas hay 581 referencias, alista a los edificios construidos en 1974, así como todos aquellos datados entre el 1 de enero de 1956 y el 31 de diciembre de 1960, de acuerdo al documento que se aprobará hoy en la comisión informativa de Urbanismo. Un filtro por el que ya han sido llamados a pasar los propietarios de 4.400 casas con una antigüedad de más de 40 años, conforme al sistema ideado para que en 2017 los 7.500 inmuebles que rebasan esta listón hayan superado la visita de los profesionales; justo al año siguiente, ya les volverá a tocar a los primeros, puesto que el análisis se fija como deber cada 10 años.

La publicación del padrón, que ahora se someterá a información pública para que aleguen aquellos propietarios que hayan acometidas reformas y acrediten que cumplen con los requisitos técnicos, se da cuando todavía se encuentra en marcha la nómina de obligados del presente año, que cuentan hasta el 31 de enero de 2015 para cumplir con la presentación de la ITC. Por ahora, no han cumplido ni la mitad de los edificios, aunque la tendencia general es que se espere a las últimas fechas y que, incluso, un tercio de los obligados rebasen la fecha y tenga que requerirles la administración que cumpla, con la advertencia de que si no cumplen pueden tener que hacer frente a multas de entre 600 y 3.000 euros, o ejecutarlo por ellos de manera subsidiaria con el envío posterior de la factura. No hay lugar a la escapatoria, lo que hace que los dueños de inmuebles muy antiguos decidan incluso optar por el derribo antes que pagar el coste asociado.

Porque pese a que la tramitación administrativa no tiene coste —después de que se desechara la idea de principio de mandato de fijar una tasa de 36 euros— la ITC sí que supone un gasto para los propietarios de las viviendas. El certificado expedido por los profesionales cuenta con un precio medio de 150 euros por viviendas, aunque varía de manera considerable en función de la antigüedad, el uso, la estructura y la superficie, así como por el aumento de la demanda, que ha originado la aparición de ofertas muy bajas.

La revisión técnica sirve para «garantizar la seguridad y salubridad» del edificio, como se detalla en el texto de la ordenanza municipal, mediante el análisis de las condiciones de aislamiento, estanqueidad y correcta estructura, tanto para asegurar el funcionamiento de la vivienda como para que no caiga en defectos que pongan en peligro a las personas. Unas líneas básicas que, si no son respetadas, derivan en la definición de un proyecto de reforma de obligado cumplimiento para poder conseguir después el sello de la ITC que en 2015 deberán solicitar más de un millar de inmuebles del municipio.