El Procurador admite la denuncia del PSOE por uso de penados en las piscinas

El Procurador del Común investigará si el uso de penados en las piscinas municipales durante el pasado verano se ajusta al convenio suscrito entre Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de San Andrés o «se hizo una mala utilización para maquillar la chapuza» en esas instalaciones, según denunció el PSOE. Para la portavoz socialista, María Eugenia Gancedo, los presos «estaban ocupando puestos de trabajo en las piscinas municipales, mientras el convenio por el que pueden realizar tareas en el municipio establece que esa labor es «en beneficio de la comunidad, como medida alternativa al ingreso en prisión, y con una función eminentemente reeducativa y socializadora para el condenado por delitos menos graves y en la que de manera voluntaria puede prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública». Para los socialistas, la medida se configura como una actividad complementaria, no remunerada, que no sustituye puestos de trabajo ni compite con el mercado laboral.

Sin embargo acusan al alcalde, Gregorio Chamorro, de abrir las instalaciones municipales en la época estival, supliendo la contratación de personal con personas que, con carácter gratuito, realizan trabajos en beneficio de la comunidad. Inciden en que los penados efectuaban tareas principales «que tenían que haber estado cubiertas por trabajadores municipales o, en su caso, que hubieran superado el oportuno procedimiento selectivo». María Eugenia Gancedo considera que «la investigación del Procurador del Común evidencia que la gestión de las piscinas públicas es como Chamorro, oscura».