El geriátrico municipal deja una lista de espera de 50 personas tras las obras
El Ayuntamiento actualizará cada 3 meses el orden en función de las peticiones.
Las obras de reforma se estrenaron hace un mes.
La retirada de los peones de la brigada municipal de obras, que durante este año han adaptado las instalaciones a los requisitos legales de movilidad y seguridad, abrió la entrada para 22 nuevos internos, pero dejó en la puerta de la residencia municipal de ancianos 50 solicitudes. Medio centenar de personas que, de acuerdo a los criterios de valoración técnica impuestos por el consistorio, quedan en una lista de espera que se renovará cada tres meses. En función de las bajas, se les dará paso, según el reglamento de funcionamiento impuesto desde el pasado mes de febrero, que mantiene tan sólo una de las habitaciones vacante, por si surge una necesidad, y reparte el resto entre las 42 habilitadas para asistidos y las 39 para personas que se valen por sí mismas para sus cuidados.
La lista de espera para la residencia municipal Virgen del Camino, situada en la avenida de San Mamés, contrasta con la mayoría de los geriátricos, en los que la crisis ha sumado camas libres por la decisión de las familias de optar por cuidar de sus mayores en el propio hogar, debido a la imposibilidad para afrontar las facturas y la existencia de desempleados en la casa que se puedan hacer cargo de sus cuidados.
Fuera de esta tónica general queda la instalación regentada por el Ayuntamiento, que se asienta en un edificio y una parcela cedida por una familia a cambio de que mantenga su uso público de geriátrico. A pesar de que el equipo de gobierno aplicó una revisión de tasas a todos los internos, de acuerdo a sus ingresos como aplica la gerencia de Servicios Sociales de la Junta, los nuevos beneficiarios pagarán facturas mensuales de entre 406 y 936 euros.
La revisión aplicada no evita que la residencia municipal de ancianos presente un déficit anual de 1,6 millones de euros: los ingresos aportados por los internos se quedan en poco más de 600.000 euros, muy lejos de los 2,2 millones de euros que se acumulan cada año para dar el servicio en costes de mantenimiento y personal, con una plantilla de 52 personas. Unos gastos que el Ayuntamiento de León asume en solitario de manera histórica, a pesar de la petición cursada a la Consejería de Bienestar Social para que abone las plazas al mismo precio que lo hace en los geriátricos concertados. No ha habido respuesta para un acuerdo que le reportaría al consistorio, según los cálculos presentados ante la Junta, unas entradas de 323.105 euros.