El golpe de la UCO obliga a la Diputación a contratar sin hacer invitaciones a empresas

La sombra de la operación Púnica presidió ayer el primer pleno en la institución provincial tras la imputación y detención del presidente. Doce días después del arresto de Marcos Martínez Barazón, un vuelco total se vislumbra en la política de contratación de la Diputación. La reiterada exigencia de los grupos de la oposición, sumada a los acontecimientos que investiga la Audiencia Nacional, obligaron ayer al presidente en funciones, Lupicinio Rodrigo, a anunciar que todas las contrataciones irán al Boletín Oficial de la Provincia para que sean procesos abiertos, es decir, queda desterrado el procedimiento abierto sin publicidad en el que se invitaba a empresas a ser candidatas a una adjudicación y se elegía a una sin la existencia de bases que regulen los criterios.

Escenificación del cambio de aires también en la mesa presidencial, donde desapareció la silla que desde el 30 de mayo ocupaba Barazón. En esta ocasión no optaron por dejarla vacía, en medio del portavoz y los vicepresidentes como ocurrió cuando Isabel Carrasco fue asesinada, sino que decidieron un estrado con cuatro puestos: los tres vicepresidentes y el portavoz, sin vacíos.

Nuevos aires, además, en el sitio de que durante años ocupó el interventor, ahora imputado en la operación Púnica. No acudió al pleno, en su lugar acompañó a la secretaria de la institución, Cirenia Villacorta, el viceinterventor, Diego Armesto. El equipo de gobierno quiere evitar que Jesús López tenga presencia pública hasta que se resuelva la suspensión de sus funciones, tal y como han pedido al Ministerio de Administraciones Públicas y la Junta.

En un salón de plenos abarrotado ante la expectación del primer pleno bajo la operación Púnica y lleno de medios de comunicación de ámbito nacional, el debate en sí no deparó sorpresas, aunque sí cambios de voto ante la lupa que se cierne en áreas como Turismo y San Isidro.

La modificación del estatuto del Consorcio Provincial de Turismo y el convenio con el Principado, para poner de nuevo en marcha los forfaits comunes para esquiar en espacios blancos asturianos y leoneses, incitaron el debate.

Los socialistas, a pesar de votar a favor en la comisión estos puntos, en el pleno optaron por retirar el apoyo «dados los acontecimientos y teniendo en cuenta que hay contratos de estas áreas investigados por la UCO», dijo su portavoz, Luis Rodríguez Aller.

Desde las filas ‘populares’, Jaime González explicó que la Ley de Consorcios obliga adaptar los estatutos de estos organismos a la nueva legislación antes del 31 de diciembre. Ante las críticas de la oposición por traer al pleno asuntos en áreas «bajo sospecha», el portavoz del PP remarcó que «en esta casa no se va a dejar de gobernar ni de tomar decisiones; es nuestra obligación y nuestra responsabilidad y debemos cumplir con la legislación».

En el caso del convenio con el Principado para poner en marcha otra vez esta temporada los forfaits comunes, el PSOE reiteró su voto en contra «porque forma parte de la trama que se investiga». Para el diputado no adscrito Matías Llorente, «en San Isidro llevan demasiados años con ventisca y se llevará a muchos por delante; tiene un gran déficit que se afronta a costa de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y este convenio que proponen está en el ojo del huracán, muy envuelto en ventiscas, como las cafeterías». Optó por la abstención «hasta que el sumario clarifique».

El representante leonesista, sin embargo, apuntó que estos forfaits son «perjudiciales para los intereses de León, nosotros hemos invertido más en las pistas y puede ser lesivo para la Diputación», alertó Lázaro García Bayón.

Alabanzas desde las filas ‘populares’ a este convenio, Jaime González recordó que la pasada campaña los forfaits fueron utilizados por 750 personas. «El balance de la experiencia es positivo, esta iniciativa sirve para potenciar más las estaciones, todos salimos beneficiados». La mayoría del PP sacó adelante los dos puntos rebatidos por ‘derivación’ de la trama Púnica.

Y a la hora de consensuar el Plan Provincial de Cooperación Municipal 2015 (antes conocidos como Planes Provinciales), también una llamada de atención de la oposición a que toda la contratación sea pública a través de procedimientos abiertos y publicados en el BOP. «Que puedan acceder todas las empresas que reúnan las condiciones, lo exijo no podemos seguir con un sistema heredado hace cinco años», dijo Llorente.

«Estamos en el ojo del huracán y por vez primera vez se debe hacer todo por concurrencia pública y publicidad, con los Planes Provinciales los grupos no pasteleamos», apuntó el diputado leonesista. El PSOE argumentó que consulta con los alcaldes el reparto y aplica criterios objetivos. Y el PP destacó que por vez primera en las bases de este plan aparecerán los criterios de distribución.

Nueva polémica antes de finalizar, esta vez a cuenta de la adscripción de tres trabajadores del Consorcio de Turismo (como personal laboral fijo) a la plantilla provincial. El PSOE persistió en su voto en contra ante cualquier asunto de este área, los no adscritos optaron por la abstención y UPL apoyó al PP en «trámite obligatorio».