POLÍTICA PENITENCIARIA
Dos presos de ETA hermanos solicitan el traslado desde Villahierro a una prisión vasca
Los Murga Luzuriaga se unen a la iniciativa contraria a la dispersión
Francisco Murga e Isidro Murga.
Dos internos del Centro Penitenciario Provincial de Mansilla de las Mulas, Isidro Murga Luzuriaga y Patxo Murga Luzuriaga, han presentado sendos escritos ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, para exigir su acercamiento a prisiones cercanas al País Vasco, según confirmaron fuentes de la organización Etxerat a este periódico.
Se trata de dos de los supuestos para internos de 70 años o más, que forman parte de la primera acometida de reos de estas características. A través de escritos de queja «individualizados» en los que cada recluso expone su trayectoria personal y los derechos que creen que se le han conculcado, los internos pretenden que el Juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, demuestre «que es el garante» de la legalidad, pese a que la fiscalía se pueda oponer al fin del alejamiento.
Francisco Murga Luzuriaga fue condenado a diez años de cárcel tras considerar probado que era miembro del Consejo de Administración de Orain, editora de Egin. Cometió delitos de colaboración, dos delitos de falseamiento y de insolvencia punible contra la Seguridad Social. El pasado mes de julio cumplió 73 años y padece hipertensión motivo por el que ha cumplimentado la solicitud de traslado al País Vasco y la excarcelación del centro penitenciario de Villahierro. Su hermano Isidro, con el que comparte módulo en Villahierro, fue condenado a la misma pena, 10 años de cárcel, por colaboración y dos delitos de falseamiento de insolvencia punible contra la Seguridad Social.
También era miembro del consejo de administración de Orain. Isidro ostentaba el cargo de administrador único de la empresa en el momento del cierre de la editora Egin. Pide la excarcelación al superar ya los 70 años, en el mismo supuesto que su hermano, de acuerdo a los datos que se registran.
En caso de que se les deniegue la solicitud de «reagrupamiento en cárceles de Euskal Herria» por este órgano judicial, recurrirán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; posteriormente, al Tribunal Constitucional; y, si fuera necesario, al Tribunal de Estrasburgo, según ha explicado el abogado de presos de ETA Iñaki Goioaga. En este sentido, ha explicado que su «ambición» es que «los escritos de quejas» prosperen por vía jurídica en el Estado español. Sin embargo, han mostrado su disposición a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si fuera indispensable.
Iñaki Goioaga, abogado de los presos, explicó que su «ambición» es que «los escritos de quejas» prosperen por vía jurídica en el Estado español. Sin embargo, también mostró su disposición a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si fuera indispensable.
Según los datos de que dispone, en la actualidad, son 466 presos de ETA los que están dispersados en 77 cárceles. Seis de ellos, gravemente enfermos, se encuentran en situación de prisión atenuada; tres «dispersados en tres cárceles de Euskal Herria»; 357 en 44 prisiones del territorio español; 97 en 28 centros penitenciarios del Estado francés; uno en Inglaterra, uno en Portugal y uno en Alemania. De esta forma, un total de 190 reclusos están a más de 800 kilómetros de su lugar de origen.
Muy enfermos
Los presos gravemente enfermos que tramitarán su quejas en esta fase inicial (de 50 reclusos) son Josetxo Arizkuren Ruiz; José Ramón López de Abetxuko Likiniano; Inmaculada Berriozabal Bernas; Gari Arruarte Santa Cruz; Iñaki Etxeberria Martin; o Jose Miguel Etxeandia Meabe.
En cuanto a los internos con 70 o más años, se sumarán Pablo Gorostiaga González; Patxo Murga Luzuriaga; Txente Askasibar Barrutia; Sebastián Etxaniz Alkorta; Isidro Murga Luzuriaga; y Karlos Trenor Dicenta.
Goioaga cree que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional tiene la oportunidad de demostrar que es «el garante» del cumplimiento de la legalidad, acabando con la situación de dispersión de los presos de ETA, en base a las «quejas individuales» que están presentado en el órgano judicial por «vulneración de derechos humanos fundamentales y penitenciarios».
Los internos de ETA decidieron emprender la vía judicial para reclamar su traslado a cárceles vascas, después de que las peticiones que realizaron ante Instituciones Penitenciarias hayan sido denegadas.
El letrado espera no tener que recurrir al Tribunal de Estrasburgo porque «sería triste que el mecanismo del Estado español funcione a través de impulsos internacionales». «Lo que está en cuestión aquí es si se respeta o no el principio de legalidad y si estamos o no en un Estado de Derecho. En estos momentos, es inaceptable la situación».