El juez que investiga la reprivatización del agua en San Andrés pide el acta del pleno de 2010

El juzgado de instrucción número 5 de León que investiga la reprivatización por otros 15 años de la concesión del servicio de agua en San Andrés del Rabanedo ha solicitado las actas del Pleno del 3 de septiembre de 2010 en que se acordó la prórroga, por si de ellas se desprendieran posibles irregularidades, según confirman fuentes judiciales. El caso fue denunciado el pasado mes de enero por Izquierda Unida en la Fiscalía, y tras estudiar los argumentos del partido, el fiscal lo trasladó a manos del juez para que archive o abra juicio oral.

El interventor municipal está citado a declarar el día 19 y la ex alcaldesa, María Eugenia Gancedo, ya lo hizo el pasado mes de julio de forma voluntaria, como adelantó este periódico, para indicar que la adjudicación sel servicio del agua se hizo en sesión plenaria, «con todos los informes jurídicos, técnicos y económicos favorables».

Para IU, no obstante, aquella adjudicación es el origen de la subida que se pretende aplicar a los vecinos, y que la portavoz, Eloína Terrón, calcula que será el doble del precio que se paga. También cree que las condiciones del contrato aprobado en aquel Pleno de 2010 pueden er ilegales. Según recuerda, el Gobierno del PSOE de San Andrés aprobó en solitario, «con el voto en contra de todos los grupos de la oposición y en contra del clamor de las asociaciones y vecinos que presenciaron la sesión», la privatización del agua hasta el año 2046. Terrón considera que en el expediente aprobado existían «indicios de ilegalidad que fueron puestos de manifiesto por los informes de intervención, al menos en tres aspectos». Uno fue reprivatizar por 15 años más, cuando el contrato vigente establecía que sólo se podían modificar de 5 en 5 años. Otro, que en el anterior contrato el Ayuntamiento estaba exento de pago de tasas, mientras que con las nuevas condiciones las instalaciones municipales pasaban a pagar buena parte del consumo de agua; y tercero, se aprobó un pago mayor por parte del Consistorio a la concesionaria del servicio. IU resalta, además, que en 2010 se estipuló subir el precio del agua lo correspondiente al IPC más el 7,9%. Y en 2012 se acordó subirlo un 65%. «Es decir se cambiaron las condiciones esenciales del contrato que se había establecido en un principio», remarca. Izquierda Unida entiende que aquella decisión ha supuesto una mayor deuda para las arcas municipales «que ahora el PP quiere que repercuta en una subida de la tasa que pagamos la ciudadanía de San Andrés».