| san andrés del rabanedo |
C’s se reúne con el Catastro y constata que ya trabajan en el cambio de valoración del suelo
Pedirán una reunión con el alcalde y el concejal de Hacienda sobre los recibos de IBI .
Terrenos no desarrollados en la operación Viproelco.
La gerencia territorial del Catastro informó a la plataforma de afectados que ya se está trabajando para proceder a los cambios legislativos que permitan adaptar la Ley catastral a la nueva normativa del suelo y a la sentencia 30/2014 del Tribunal Supremo, que autoriza a los propietarios de parcelas urbanizables que no se hayan desarrollado ni dispongan de plan parcial a pagar un IBI como rústicas.
El responsable de Ciudadanos y promotor de la plataforma, Juan Carlos Fernández, que acudió a la reunión, recordó que, tras la decisión judicial de aplicación en toda España, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo no puede aplicar un IBI urbano a terrenos no urbanizados, aunque tengan la categoría de urbanizables, objetivo que se marcaron cuando comenzaron las reivindicaciones. Ahora, exigirán al alcalde, Gregorio Chamorro, y al concejal de Hacienda, Fernando Vélez, la compensación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, recordando que ese fue el compromiso con los 700 afectados
en la reunión del pasado 3 de julio. «La no compensación todavía ha provocado entre los afectados un estado de preocupación», indican.
Ciudadanos lamenta que algunos partidos políticos hayan obviado «el gran problema que supone para los afectados este asunto» e inciden en su preocupación por las plusvalías para los herederos de esas fincas «que fueron valoradas por encima de su valor de mercado en un momento de crisis galopante en el sector inmobiliario», entre ellas, «pedregales y lagunas que no se desarrollaran como mínimo en cincuenta o sesenta años». Opinan que esas valoraciones les colocaron «en una verdadera indefensión frente a posibles arbitrariedades o errores de los peritos de la Administración» que la sentencia viene a corregir. Y señalan que muchos de los afectados no pueden soportar la carga económica que les añade el PGOU al cambiar su suelo rústico por urbano.
Fernández afirma que, «al no existir ni un solo proyecto de urbanización en cuatro años en los 16 sectores, el terreno no ha adquirido la condición de solar, y por tanto no cuenta con todos los servicios urbanísticos instalados a pie de las parcelas y su valor está muy por encima del real del mercado».