Diario de León

El etarra leonés que condenó a ETA pide que le reduzcan la pena

Jesús García Corporales, nacido en Cubillos del Sil, es uno de los primeros miembros de la banda que se desligado de la banda y ha condenado la violencia

Texto de la condena de la violencia del etarra leonés Jesús García Corporales

Texto de la condena de la violencia del etarra leonés Jesús García Corporales

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M.C. CACHAFEIRO | LEÓN
León

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Su infancia en Cubillos del Sil no presagiaba que terminaría perteneciendo al comando Madrid. García Corporales busca ahora salir de la cárcel tras renunciar al terrorismo.

Se le acusó de participar en el atentado de Irene Villa, pero no fue condenado por aquel vil atentado porque el caso prescribió. Sí por otros. En total, 80 años de cárcel bajo las siglas de ETA por delitos de sangre que sigue cumpliendo en la prisión de Zaballa, en Álava. Jesús García Corporales, que nació y vivió sus primeros ocho años de vida en el Bierzo, busca desde hace años salir de la cárcel para trabajar como montador en una fábrica de muebles de Hendaya, en el País Vasco francés, después de convertirse en uno de los promotores de la denominada ‘Vía Nanclares’.

García Corporales cambió las pistolas por un papel para renunciar por escrito al terrorismo y pedir perdón a las víctimas. En su caso, su futuro también está pendiente de que se tengan en cuenta los años que pasó en prisión en Francia, donde fue detenido en febrero de 1994. Algo que debaten estos días los jueces y a lo que se opone de forma radical la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que exige el cumplimiento íntegro de las penas. Su última petición es de este mismo mes de diciembre, según desveló Europa Press hace unos días, que le citó en un listado de 52 antiguos terroristas que han pedido reducir los años de cárcel. Alias «Legionario» o «Gitanillo», su padre trabajó durante varios años para la central térmica de Cubillos del Sil, al lado de Ponferrada. Allí nació el 17 de abril de 1960. Después se fue a Zamora hasta que su familia se trasladó a vivir definitivamente a la localidad alavesa de Llodio. Pese a sus raíces bercianas, no tiene familia en la comarca, según fuentes de la lucha antiterrorista.

El pasado mes de julio, el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, le concedió un permiso de 18 días, que también generó las críticas de la AVT. Este año cumplió 20 años en la cárcel y, sobre el papel, debería salir en 2018, salvo que se le conceda algún beneficio.

Pero la cárcel remueve conciencias y, en su caso, las discrepancias comenzaron con el atentado de la casa-cuartel de Burgos, en julio de 2009. Ya entonces hizo una primera condena de la actividad terrorista, aunque el documento no salió a la luz. Sí hizo público otro, dos meses después, cuando de puño y letra dejó claro que estaba desvinculado de la organización y que era su deseo pedir perdón a las víctimas «por el daño que he causado. Manifiesto mi total rechazo al uso de la violencia», añadió en el documento.

Aquel gesto le valió su traslado desde la cárcel de Villabona, en Asturias, a Nanclares, en Álava, y su expulsión de la banda poco después, según publicó el periódico Gara el 3 de abril de 2010, «por asumir la estrategia del enemigo», a lo que él contestó, seis meses después con otra carta. «Yo, Jesús García Corporales, informo a quien interesa que, como ya he hecho en varias ocasiones, rechazo rotundamente todo acto violento y condeno categóricamente las acciones de ETA. Por este motivo me desvinculé de forma voluntaria de dicha organización como del colectivo de presos de ETA».

Así es. En la pagina de Etxerat que los agrupa, no consta ni una palabra sobre García Corporales.

Clasificado en el segundo grado penitenciario, en los últimos años ha disfrutado una docena de permisos ordinarios. A favor tiene, según fuentes penitenciarias, su evolución en prisión, su desvinculación de la banda, su comportamiento en los permisos concedidos, sus escritos y aspectos concretos como haber pagado el 60% de los 445.000 euros en concepto de responsabilidad civil derivada de sus atentados, que les son descontados de sus trabajos en la cárcel. En contra juegan su larga condena y sobre todo el hecho de que el lugar al que quiere ir a trabajar a diario sea otro país.

Sobre Jesús García Corporales hay dos condenas en firme. Una de 64 años de prisión por el intento de asesinato de tres guardias civiles en diciembre de 1989 en la autopista que une Bilbao con Zaragoza, como miembro de un grupo de apoyo al comando Araba. «Gitanillo» ayudó a colocar un artefacto explosivo compuesto por 30 kilos de amonal que estalló al paso de la patrulla.

La otra sentencia, con una pena de 19 años, recoge su participación en uno de los atentados contra el cuartel de la Guardia Civil en Llodio (Álava), al mando de Jesús Azcauz Arana, Josu de Mondragón. Explotaron 250 kilos de amonal y trilita y provocaron daños importantes en las instalaciones, en varios coches del cuerpo, en otro inmuebles cercanos y heridas a dos personas. Fue en aquel momento el artefacto con más carga explosiva en la historia de la banda, por delante de la bomba que mató al presidente Luis Carrero Blanco y la que destruyó la casa cuartel de Zaragoza con once víctimas mortales.

Tras la desarticulación del comando Araba, en septiembre de 1989, García Corporales se refugió en Francia. En el país galo permaneció un año, hasta que se incorporó a un nuevo talde del comando Madrid un año más tarde, donde estaban terroristas veteranos como María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’ y José Javier Arizcuren Ruiz ‘Kantauri’.

Su fotografía llenó entonces estaciones de autobuses y trenes tras ser identificado en 1993 como el tercer miembro del sanginario grupo. Un año después, fue detenido en la localidad francesa de San Juan de Luz, donde había vuelto, por efectivos de la Policía del Aire y Fronteras junto con su novia, María Fernández. Por el hecho de ir armado y portar documentación falsa, fue juzgado en Francia antes de ser extraditado a España.

Interior sospechó que «El Gitanillo» o «Legionario» no sólo pudo estar implicado en el atentado de Irene Villa y su madre, sino también en otros, como el coche bomba de la Plaza de la Cruz Verde en Madrid contra una furgoneta militar, la bomba lapa en los bajos del coche del hijo de un coronel retirado, otro coche con 20 kilos de explosivo contra el subteniente músico jubilado Miguel MIranda y un tercer coche bomba contra otro furgón militar– que acabaron con la vida de catorce personas.

Cuando la madre de Irene Villa, María Jesús González, que también resultó herida en el mismo atentado que su hija, se enteró del primer permiso a García Corporales, tachó la decisión de Instituciones Penitenciarias de «vergüenza». Hoy piensa lo mismo.

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