El nuevo régimen de visitas limitaría el acceso a sus hijos a 500 leoneses acusados de violencia familiar

La estricta aplicación de las novedades que pretende introducir la defensora del pueblo en la Ley de la Violencia de Género limitaría el acceso a sus hijos a los cerca de 500 leoneses acusados por delitos de estas características, para los que se restringiría el régimen de visitas en términos que Soledad Becerril recomienda endurecer.

La provincia de León registró 571 diligencias incoadas por delitos de violencia de género, de los que se admitieron a trámite y fueron calificadas 211, que depararon 70 sentencias condenatorias de conformidad y 54 por decisión de la juez, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en el apartado de datos referidos a la provincia de León.

Estos datos reflejan el panorama del año 2013, último del que se tienen datos fidedignos, en lo referente a maltrato ocasional. Por malos tratos habituales, fueron condenados otros diez varones, nueve de ellos bajo aceptación del propio denunciado.

El total de sentencias condenatorias registradas por el servicio de violencia de género de la Fiscalía Provincial de León superó los 200 casos. 109 fueron de conformidad y 106 más por decisión judicial.

Todo este volumen de acusados y condenados, quedaría sujeto este año a la aplicación más estricta de la legislación ya existente que, por consejo de la defensora del pueblo, se pretende aplicar con mayor rigor en el año que acaba de comenzar.

«Puede ser realmente peligroso» que un hombre acusado por violencia de género siga viendo a sus hijos menores de edad», explicó Becerril, por lo que ha pedido al Ministerio de Justicia que impulse las medidas necesarias para «procurar» que cuando se dicten medidas cautelares por malos tratos no se imponga un régimen de visitas.

Muy preocupante

«Nos parece muy preocupante que personas acusadas e incluso sentenciadas por violencia de género mantengan el régimen de visitas normal y habitual con los hijos. Hemos llamado la atención y sugerimos al Ministerio de Justicia que estudie los procedimientos necesarios para que el juez pueda inclinarse por la supresión del régimen de visitas en muchos casos», explicó en declaraciones a Europa Press.

Becerril se refería especialmente a aquellos procedimientos en que el juez dicta medidas cautelares de protección de la mujer pero permite o impone un régimen de visitas de los hijos menores. Reconoce que desde su posición, no puede pedir «que se le diga a los jueces lo que tienen que hacer» y por eso, lo que demanda es que «se procure» que la balanza se incline en favor de la protección de los menores.

Análisis detallado

«Recomendamos que se procure que el régimen de visitas se analice con detenimiento y sugerimos que procure evitar en estos supuestos y en estos casos porque puede ser muy peligroso, no en todos los casos pero sí en muchos. Por eso decimos que esto merece una reflexión caso por caso muy cuidada y con mucha cautela y que se observe el perfil del maltratador y su relación con los hijos», señala.

Aunque los conflictos relacionados con custodia y régimen de visitas en casos de violencia de género son frecuentes entre las quejas que cada año recibe el Defensor del Pueblo, en 2014 han abundado más las relativas con «la tardanza» en las medidas de protección de las mujeres, según informó Becerril.

El 28 de diciembre de 2004 entró en vigor la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Diez años después, expertas coinciden en que todavía es necesario desarrollarla y, sobre todo, dotarla de presupuesto para que sea más efectiva.