Las ayudas de emergencia social pasan de 62 a 834 familias en sólo siete años

Como número en frío no dice mucho: 834 ayudas de emergencia social concedidas por el Ayuntamiento de León en 2014. Pero si se le pone al lado la evolución de los años anteriores se encuentra el verdadero calado del drama que refleja la cifra: ese último auxilio al que asirse tuvo 506 perceptores en el año 2013, lo habían necesitado 237 en 2012, se entregó a 207 en 2011, fue dispuesto para 191 ciudadanos en 2010, se aprobó para 149 en 2009, tenían un listado de 134 beneficiarios en 2008 y se concedió a 62 personas en 2007. Por ese precipicio de 772 familias que han tenido que acudir al recurso extremo, que llega cuando ya no cobran otros subsidios o aparecen situaciones sobrevenidas excepcionales, se ha despeñado la realidad social de la capital leonesa en los últimos siete años.

La importancia de la ayuda sustentada por el Ayuntamiento de León tiene su incidencia directa en el presupuesto disponible. Frente a los 200.000 euros que había dispuestos en los años 2010, 2011 y 2012, la fuerza de las llamadas de emergencia registradas en los centros de acción social hicieron que para 2013 se aprobara una modificación presupuestaria que elevaba la partida hasta los 374.982,46 euros. Se pensó que podía ser un techo con opción de un pequeño repunte, pero nunca se esperó que en 2014, ya cerrado el ejercicio económico, se tuvieran que sacar fondos hasta sumar los 781.627 euros aprobados en una de las últimas juntas de gobierno del año para cubrir las eventualidades surgidas. «Aunque ha supuesto un esfuerzo económico, hemos llegado a atender todas las solicitudes que cumplían con los requisitos fijados», apunta la concejala de Bienestar Social del consistorio, Montserrat Gutiérrez.

No se trata de grandes facturas: luz, agua, comida, necesidades de higiene personal, medicamentos, arreglo de la vivienda para mantener su seguridad y salubridad, pago de alquileres, deudas hipotecarias en las que haya riesgo de desahucio o embargo. La ayuda, según se regula en la ordenanza municipal, se otorga a las familias en cuyo seno no entra ningún auxilio. El subsidio se entrega a aquellos que «no pueden hacer frente a gastos específicos, considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales, ni en ese momento a través de la ayuda de terceros obligados legalmente, como son familiares». Se especifica en el texto de la normativa que la ayuda es «de carácter temporal», pero cada vez más se ven en el pozo de la necesidad, en el que el estereotipo de la exclusión social que representaban las minorías étnicas ha quedado ya caducado hace tiempo. Un perfil en el que entran personas que «durante la primera época tiraron un poco de la familia pero que ahora tienen que recurrir a los servicios sociales pese a las reticencias iniciales que tenían por vergüenza», señala la concejala.