Triana sostiene que intentaron sacarla de comisaría disfrazada para acudir a recoger la pistola

El letrado defensor de Montserrat González y Triana Martínez, José Ramón García García inició ayer una ofensiva para conseguir que pasen a declarar por el juzgado cuantos testigos sea necesario con el objetivo de probar que sus clientes no conversaban en un pasillo cuando confesaron los hechos, sino que madre e hija se encontraban en un despacho de la Unidad de Delincuencia Especializada Violenta de la Policía Nacional en la Comisaría de León y de repente comenzaron a charlar sobre los detalles del crimen.

El abogado sostiene que en el despacho contiguo se encontraban los dos inspectores de Burgos y que el tabique de separación de las dos dependencias no llega hasta el techo, con lo cual es fácil escuchar lo que se dice al otro lado. De acuerdo a su postura legal, la utilización de esa conversación para aprovecharla de cara a la investigación no se ajusta a derecho.

Incidente de nulidad

Entiende el letrado de la defensa de madre e hija que inducir a confesión a las dos mujeres por la vía del uso de esos testimonios es ilegal y a la vez suficiente argumento como para dar validez a un incidente de nulidad de actuaciones. De salir adelante su tesis, la parte del sumario que se apoya en la confesión de Montserrat sería nula y no serviría como prueba.

José Ramón García no solamente aportó ayer esta nueva tesis de cómo llegó a oídos de los investigadores la famosa frase de Triana: «Mamá, no digas nada de quién tiene la pistola, que es policía» si no que solicitó además la hoja de custodia de la joven para saber cómo se desarrolló su periodo de arresto en la comisaría de San Andrés del Rabanedo.

Viene esto a colación de que sostiene que hubo una intentona de sacar a la hija de las dependencias policiales, cubierta con un foulard y ataviada con un gorro, para salir a localizar el punto en el que se encontraba la pistola. Supuestamente, los inspectores de Burgos habían propuesto una línea de actuación por la se trataba de convencer a Raquel Gago de que devolviese la pistola que Triana había metido en su bolso y hacerla aparecer de forma pactada en una alcantarilla, con lo cual se dejaba fuera del caso a la policía y se aplicaban eximentes varias a Triana que además, por parentesco directo, no tenía por qué ser inculpada por su madre y quedaba también exenta de responsabilidad penal. Ese fue (según su versión) el engaño tramado para conseguir esclarecer el caso.

El letrado se preguntó sobre la idoneidad legal de una práctica de estas características y sobre todo qué indujo a pensar en tomar una decisión de esta trascendencia cuando la instrucción se encontraba en fase incipiente, apenas la primera noche posterior al crimen.

Estrategia policial

Pretende demostrar el defensor igualmente, aunque esto quedará para más adelante, que la decisión de juntar de nuevo en la comisaría de León a madre e hija era una estratagema policial para conseguir que Montserrat se viniera abajo y desmontara el castillo tras el que parapetaba sus negativas constantes a colaborar y sugiere, en suma, que hubo una serie de irregularidades en el procedimiento que sustenta la nulidad de actuaciones mencionada.

Mera comparecencia

La comparecencia de ayer, programada en Instrucción 4 de León, hubiera sido un mero trámite de no mediar estas peculiaridades. Se trataba de dar forma al artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado, que exige legalmente trasladar a las imputadas desde el Centro Penitenciario de Villahierro a las dependencias de Sáez de Miera para hacerles saber que están imputadas, aunque hasta que no se dicte el auto de hechos enjuiciables y posteriormente se solicite a las partes los escritos de acusación y defensa, no se podrá saber la calificación.

Por de pronto, el fiscal jefe de León, Emilio Fernández, explicó a las acusadas que se mantiene su imputación en los términos fijados de forma provisional desde el inicio de la instrucción y relató cómo se produjeron los hechos siguiendo la misma correlativa que figura en el sumario desde el primer momento. Por todo ello, sostiene el Ministerio Público que había un plan perfectamente urdido por las tres sospechosas, que las convierte en responsables de los hechos en idéntico grado, puesto que según su versión estaban puestas de acuerdo para cometer el delito.

Nada raro

Las defensas se pronunciaron en el sentido esperado para la comparecencia. El defensor de Raquel Gago explicó que la testifical de la jefa de la Udev viene a corroborar que no hay motivos para el encarcelamiento de su cliente, por lo que procede archivar el caso y decretar el sobreseimiento en la parte que corresponde a la agente de la Policía Local, mientras que la representación de madre e hija se reserva las actuaciones necesarias, que solicitará a corto plazo, para exigir que se formalice el incidente de nulidad de actuaciones que permita sacar fuera del procedimiento.

La jueza dio un plazo de cinco días a las partes para que soliciten la práctica de las diligencias correspondientes y aporten nuevas pruebas. El defensor de la hija propuso incorporar su hoja de custodia, petición que ha sido aceptada y el de Raquel Gago todas las que ya avanzó ayer este periódico, tendentes a justificar los bloqueos mentales de la policía municipal y que no realizó seguimientos a Isabel Carrasco en las semanas previas al crimen. La mayor parte de ellas fueron aceptadas por la instructora.