Manos Limpias pide que el personal de Turismo no sea plantilla de la Diputación por la Púnica

El sindicato de funcionarios Manos Limpias reclama a la Diputación que frene el acuerdo para asumir como propios a los tres trabajadores del Patronato de Turismo Provincial de León. La alegación presentada, que ya ha rechazó la mesa negociadora y ahora debe debatir la comisión de Recursos Humanos, recoge que «en la documentación incautada a la Guardia Civil, por orden del juez» que instruye la Operación Púnica, «se encuentran todos los expedientes de contrataciones efectuadas para las ferias Intur e Intur». Un argumento que completa con la advertencia de que «sería una ilegalidad, al no cumplirse los requisitos de acceso a la función pública mediante el mérito y la capacidad, como son las pruebas selectivas»; al tiempo que recuerdan que «las pruebas de oposición por las que obtuvieron la plaza en el año 2009 fueron calificadas de enchufismo», tras resultar como beneficiarios Inés Crespo Prada, hija de la antigua concejala del PP en el Ayuntamiento de León, Inés Prada, y Juan Luis Pérez y Jimena de Celis, ex trabajadores de Lagun Air, donde habían compartido trabajo con el novio de la entonces presidenta de la institución, Isabel Carrasco. «Le solicitamos que proceda en arreglo a derecho, sin perjuicio además de evitar otro escándalo que supondría a esta institución promocionar a quienes pudieran ser imputados en la trama que el juez Velasco investiga e instruye», se recoge en el texto de la organización.

Junto a la alegación de Manos Limpias se presenta otra de UGT, que es el único sindicato con representación que se ha opuesto, para que se frene la inclusión de este personal como propio al defender que «no es cierto que haya que integrarlos obligatoriamente». «El consorcio se creó quitando carga de trabajo a los empleados públicos de Turismo y en la actualidad se les ha quitado más carga, iniciando por tanto un proceso de privatización», señala la organización sindical, que solicita que «se anule todo el proceso realizado hasta la actualidad, incluida la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)», tras considerar que «la negociación está viciada».

Frente a estos argumentos, el dictamen del equipo de gobierno defiende «los procedimientos seguidos para la adquisición de la condición de personal laboral del consorcio de las personas referenciadas», tras citar las pruebas que tuvieron que seguir, e incide en que la adscripción se deriva de la obligación que impone la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Por encima de estas consideraciones, en cuanto a la relación con la Púnica cita que «por si hubiera algún vicio invalidante» se renunció al contrato en tramitación de Intur.