La plataforma por la sanidad pública pide un banco social de medicamentos

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c. tapia | león
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La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León ha enviado a los partidos políticos que concurrirán a las elecciones municipales y autonómicas un documento reivindicativo en el que reclaman, entre otras cosas, la puesta en marcha de un banco social de medicamentos para las personas sin recursos, así como la elaboración de auditorías periódicas y transparentes en las que se detallen los recursos con que cuenta el sistema público, sus partidas presupuestarias desglosadas y el cumplimiento de las mismas.

La plataforma pide la activación de los consejos de salud de las zonas básicas de salud y el Foro Social de Salud.

La salud a las urnas es una campaña reivindicativa en el que se explica lo que debería ser la recuperación y democratización del sistema sanitario de Castilla y León.

Otras propuestas

El documento recoge propuestas como la construcción de los centros de salud pendientes en la provincia en El Ejido, Sahagún y La Robla, destinar terrenos para un aparcamiento público y gratuito en el Hospital de León, abandonar la intención de implantar las unidades de gestión clínicas, adecuación de plantillas en zonas rurales, dotación de plantillas con otros profesionales como enfermería de salud mental, de fisioterapeutas, de farmacia en Atención Primaria, matronas en Atención Primaria, psicólogos.... También proponen potenciar la coordinación socio sanitaria para el trabajo en dependencia y promover un uso racional del medicamento, coordinando la prescripción entre Atención Primaria y el ámbito del Hospital.

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La campaña iniciada por la Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública también contempla la posibilidad de que estas formaciones políticas mantengan reuniones conjuntas periódicas para debatir las propuestas entre las que también figura el desarrollo de líneas específicas de investigación en materias como la salud reproductiva y salud de la mujer y renunciar al cierre temporal de camas hospitalarias para aminorar el proceso de concertación privada.