La deuda por habitante de León baja de 3.214 a 1.969 euros en cuatro años

Aquella foto fija de finales de 2011 presentaba la contabilidad con una deuda pendiente de 426,7 millones de euros. Se necesitaban entonces 3.214,74 euros por cada uno de los habitantes censados en ese momento en el municipio, con un crecimiento de 10.000 euros diarios del débito asociados por los intereses de mora que se acumulaban. Cuatro años después, a punto de cerrarse el mandato, el cuadro de evolución queda ya en 255,1 millones de euros, según los datos que maneja la Concejalía de Hacienda, dirigida por Agustín Rajoy, en el que se resuelve una disminución de 171,6 millones de euros. Son 1.969,25 euros por cada uno de los 129.551 leoneses que recoge el último padrón municipal.

La bajada del 40% de la deuda del consistorio se asienta sobre los efectos del crédito ICO que habilitó el Ministerio de Hacienda, supeditado a los recortes del plan de ajuste municipal y la contención del gasto. El marco financiero permitió al Ayuntamiento de León financiar 174,6 millones de euros de una tacada, repartidos en 15.425 facturas, pero a cambio de que los beneficiarios renunciaran a los intereses de mora que se habían acumulado por los débitos, algunos de los cuales superaban los dos mandatos de antigüedad, lo que restó de golpe más de 80 millones de euros del debe.

La bancarización de la deuda con proveedores ha tenido que complementarse durante estos años con la puesta en orden de las obligaciones pendientes de aplicación presupuestaria: las denominadas ‘facturas en los cajones’, que estaban sin pagar y sin consignación. Más de 66,5 millones, de acuerdo a los datos de la auditoría firmada por Deloitte, de los que quedan por abonar 9,9 millones de euros en la actualidad. Una cantidad que queda a pesar de que en el último ejercicio el departamento comandado por Agustín Rajoy aprovechó el superávit arrastrado de 2013 para liquidar 11,5 millones de euros: 6 millones correspondientes al pago a Ceyd por la devolución de los terrenos de los almacenes municipales, 4 millones por la anualidad correspondiente al consistorio del Palacio de Congresos y otros 1,5 millones de sentencias por expropiaciones mal ejecutadas, como la de la calle Dos Hermanas. Toda una ristra de obligaciones a las que, por encima, se añadió otro millón de euros más de intereses a los que se condenó al Ayuntamiento por los procedimientos judiciales.

La ordenación de cada uno de los capítulos de la deuda, según el cuadro con el que trabaja el departamento de intervención y el asuntos económicos, hace que ahora la deuda comercial sea de 16,5 millones: 9,9 millones pendientes de aplicación, entre los cuales están los 5 millones que quedan para subsanar el pleito con Ceyd, y 6,6 millones de facturas de los últimos meses del pasado año que están en fase de pago y cuentan con consignación.

Por encima de los 222,2 millones bancarizados, de los que 174,6 son del ICO 2012 y 2013 y el resto de préstamos anteriores con vencimiento anterior al año 2032, el Ayuntamiento todavía cuenta con otras tres cuentas, aunque todas financiadas: 7,1 millones pendientes con Gersul, 755.518 euros con Mercaleón y 8,4 millones que devolver al Estado, por el exceso que recibió de los tributos de los años 2008 y 2009.