Denuncian el despido de diez trabajadores del servicio de limpieza de la ULE por romper el acuerdo alcanzado en 2014

Los sindicatos denunciaron hoy el incumplimiento del acuerdo alcanzado hace casi un año entre la empresa Linorsa y la Universidad de León (ULE) con el que se puso fin a un conflicto laboral que se tradujo en 33 días de huelga como medida de protesta. Apenas un año después de rubricar ese acuerdo, la adjudicataria del servicio de la limpieza en la institución académica ha procedido al despido de diez de sus trabajadores, rompiendo así las condiciones de este acuerdo.

Los responsables sindicales acusaron al rector de la ULE, José Ángel Hermida, de “mirar para otro lado” en este conflicto laboral, ya que es la institución académica quien tiene que “exigir el cumplimiento del contrato” que se firmó. El presidente del comité de empresa de este colectivo, Antonio Nicolás, reconoció que creían a que el conflicto laboral de hace un año se había solventado, aunque ahora queda patente que es “un conflicto abierto” del que responsabilizó directamente a la ULE.

Según Nicolás, estos despidos se han producido para “aumentar el beneficio industrial” de la empresa adjudicataria, y ante esta situación no descartan nuevas medidas de protesta. Por el momento, el colectivo se sumará a la concentración que los trabajadores de Everest y de la Hullera Vasco-Leonesa han convocado de manera conjunta a las 18 horas de mañana frente a la Subdelegación del Gobierno de León para exigir la recuperación de esos puestos de trabajo “de forma inmediata”.

También expresó el “descontento total y absoluto” de los trabajadores de la limpieza en la ULE por tener que “volver a la batalla” si no se pone solución a este conflicto. En la misma línea se manifestó el representante de UGT en el comité de empresa, Enrique Reguero, que reclamó cubrir el salario de los trabajadores y denunció las “represalias” que han querido aplicar “la empresa y el rector por convocar la huelga”.

El acuerdo alcanzado entre las partes, que se rubricó el 30 de mayo del año pasado, recogía que la actividad a en la ULE sería “fija discontinua” y se ajustaría al calendario lectivo de la institución, con un periodo de inactividad de cada trabajador afectado de “75 días naturales consecutivos”. Además, la empresa se comprometía a no realizar ninguna extinción por causas objetivas de los contratos de los trabajadores durante la vigencia del contrato administrativo, inicialmente de tres años de duración.