La jefa de Aguirre defiende contratos como el de Diputación
La directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid y jefa de prensa de la campaña de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento, Isabel Gallego, defendió ayer en la Audiencia Nacional que sus adjudicaciones a uno de los conseguidores de la ‘trama Púnica’, Alejandro de Pedro Llorca, que es el mismo enlace de la Diputación de León, fueron totalmente legales.
La periodista aformó que no recibió ninguna orden por parte de ningún responsables del Gobierno autónomo para contratar con el empresario imputado Alejandro de Pedro y que se decidió por su firma, Estrategia de Identidad y Comunicación On Line (Eico), por el «renombre» que tenía en el mercado de la comunicación. Esta sociedad es la que comparte sede y propietario con Madiva, que fue a la que acudió la Diputación Provincial leonesa para mejorar su imagen en internet a partir de la inserción de informaciones en una red de los denominados diarios zombi con las que neutralizar las informaciones negativas que tenía en los medios ordinarios. Unas labores por las que la institución leonesa desembolsaba de manera puntual 3.600 euros mensuales desde después del verano de 2012, cuando surgió el contacto con De Pedro Llorca por medio de un encuentro que tuvo con Isabel Carrasco en Marbella.
En esa línea, insistió en que esta firma había trabajado para entidades como el Real Madrid, la Casa Real, el Gobierno vasco, ayuntamientos gobernados por el PSOE o empresas como Mediaset y OHL
Imagen en Internet
La periodista, que declaró como imputada ante el juez Eloy Velasco durante más de una hora, negó que Eico, tal y como aseguran los investigadores, fuera contratada para una campaña a fin de mejorar la imagen en internet de cargos del Gobierno de Ignacio González. Isabel Gallego admitió que adjudicó un contrato de entre 1.500 y 1.800 euros al mes entre abril de 2012 y mayo de 2014 para que Eico le hiciera un servicio de ‘clipping’ (resumen de noticias) y de «posicionamiento de noticias» del Gobierno regional, ya que su gabinete no tenía medios ni personal para ocuparse de esta tarea. No obstante, la imputada no pudo entregar al juez ninguno de esos supuestos trabajos realizados por la empresa de la trama Púnica porque, según adujo, borraba los mails una vez consultados.