La Junta multa a siete de los ocho centros médicos por pactar los precios del carné
Los 106,9 euros que se pagan en León duplican el coste del resto de la provincia.
El Servicio para la Defensa de la Competencia de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta ha sancionado a siete de los ocho centros de reconocimiento médico que en la capital leonesa expiden certificados para la renovación del carné de conducir y otros permisos por haber pactado un precio de 106,9 euros que duplica el coste del mismo documento tanto en el resto de la provincia como en otras capitales de la Comunidad autónoma.
Después de las correspondientes alegaciones de los afectados, se les comunicó que la Resolución es definitiva y que contra la misma no cabe recurso administrativo alguno aunque sí se puede interponer un recurso contencioso-administrativo antes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para lo que todavía disponen de plazo suficiente.
La multa impuesta a los centros es, según los datos a los que ha tenido acceso Ical, proporcional a la actividad reciente registrada en los mismos y oscila entre los 720 euros para el que menos certificados emitió y los 8.947 que deberá abonar el que más clientes contabilizó. La resolución de la Junta considera probada la existencia de una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia, consistente en aplicar una política de precios concertada «que está suponiendo el establecimiento de un fijación de los precios de los servicios ofrecidos por siete de los ocho centros de reconocimiento que operan en León capital». Además, se ordena a las empresas sancionadas que cesen de inmediato en esa conducta prohibida y se abstengan de realizar dicha concertación de precios en el futuro. También se insta al Servicio de Defensa de la Competencia a que vigile el cumplimiento de la Resolución e informe de ello al Tribunal de Defensa de la Competencia.
Mucho más caros
Tasas reguladas
La Resolución que detemina las sanciones recoge que el Reglamento de Centros de Reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores (CRC) establece que los precios son libres y que dichos centros pueden gestionar ante la Jefatura Provincial de Tráfico la prórroga de vigencia de los permisos o licencias, en cuyo caso deberán cobrar al ciudadano la tasa regulada en la Ley.